Producir más energía, promover una real competencia y que no se favorezca a particulares en detrimento de las empresas públicas, son los puntos principales de la política de fortalecimiento de la industria eléctrica presentada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Anunció que en esta administración se modernizarán 60 presas hidroeléctricas de todo el país que se dejaron de utilizar y no se modernizaron en 30 años, así como plantas y líneas de transmisión.
Asimismo, se impulsarán fuentes de energías renovables a partir de la inversión en energía eólica y solar, al tiempo que se detonará la vocación de servicio y capacidades del personal técnico y administrativo de la CFE.
El presidente exhortó a las empresas que tienen acuerdos con la CFE para que, en el marco de la ley, se lleve a cabo una reestructuración de acuerdos y de compromisos de manera voluntaria, a fin de no perjudicar a los consumidores con aumentos en os precios de la energía eléctrica.
“Estamos exhortando a las empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad para que conjuntamente celebremos un convenio, se revisen contratos y, sobre todo, se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios de la energía eléctrica.
El Estado mexicano tiene el compromiso de no aumentar los precios de la energía eléctrica a los consumidores, pero queremos que las empresas particulares ayuden en este propósito. De ninguna manera se va a hacer por la fuerza, queremos que sea una participación voluntaria”, puntualizó.
El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, presentó la lista de nueve ex funcionarios de la administración pública federal que tras su participación en el gobierno en el periodo comprendido entre 1988 a 2012, se incorporaron a los consejos directivos de empresas privadas nacionales y transnacionales en el sector energético.
El presidente indicó que ya se trabaja en una propuesta para prohibir que durante un periodo de tiempo de más de 10 años un servidor público pueda tener trabajo en empresas relacionadas con el cargo que desempeñó.
“Lo vamos a prohibir. Ya está la iniciativa de ese propósito, que tiene que ver con la iniciativa, con el proyecto de austeridad y con otras leyes. Pero va a quedar prohibido”, explicó.
Informó que las empresas Carso, IEnova y TransCanada son propietarias de siete gasoductos que se encuentran detenidos y reciben subsidios, lo que significa un gasto de 21 mil millones de dólares para CFE.
