En los últimos días, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha aplicado sanciones a varias empresas que negociaron acuerdos ilícitos de contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estos acuerdos de reparto ilegal han llevado a la inhabilitación de 13 empresas y multas por un total cercano a los 2 mil millones de pesos.
Sin embargo, algunas de estas empresas han interpuesto amparos que les permiten participar nuevamente en licitaciones con el IMSS, mientras que otras han intentado evadir las sanciones cambiando de nombre o razón social.
El titular de la SFP, Roberto Salcedo, junto con el director del IMSS, Zoé Robledo, han asegurado que estas empresas inhabilitadas no serán consideradas para futuras contrataciones.
En el sector de la salud, entre 2021 y 2023, se han realizado procedimientos de contratación de servicios de laboratorio clínico y banco de sangre, en los cuales han participado 158 empresas, de las cuales 121 fueron contratadas. Sin embargo, 19 de ellas han incurrido en actos de colusión, principalmente en contrataciones que se hicieron con gobiernos anteriores a la actual administración, lo que ha llevado a la imposición de sanciones a 13 proveedores, mientras que 6 están siendo investigados.
Las sanciones incluyen 24 inhabilitaciones que van desde un año hasta siete años para participar en contrataciones públicas, así como multas que ascienden a mil 953 millones de pesos. Aunque 8 de las sanciones son firmes, 16 están en revisión debido a los amparos interpuestos por las empresas.
Además, se ha detectado que algunas empresas podrían estar evadiendo las sanciones utilizando filiales o cambiando su razón social. La SFP está considerando una posible reforma legislativa para mejorar la identificación de los beneficiarios finales de las empresas y así prevenir la elusión de sanciones.
El objetivo de la SFP es garantizar la transparencia y la competencia justa en las contrataciones públicas con el IMSS, evitando cualquier intento de evadir las sanciones y asegurando que las empresas responsables de prácticas colusorias rindan cuentas por sus acciones.
