Jueces federales mexicanos emitieron tres órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna, quien fuera titular de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), las cuales también incluyen a la esposa del exfuncionario preso en una cárcel de máxima seguridad en Brooklyn, Nueva York, así como a varios de sus hermanos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Fiscalía General de la República que proporcionara información sobre el estado de las investigaciones contra el ex funcionario, y en respuesta, el Ministerio Público Federal destacó los avances en el caso.
Varias personas cercanas a García Luna ya están vinculadas a proceso, y se han librado fichas rojas para aquellos que huyeron del país en su momento. Además, se han asegurado bienes inmuebles y se han bloqueado cuentas bancarias relacionadas con los involucrados.
La FGR enfatizó que las acusaciones en territorio mexicano son independientes de los procesos de reivindicación patrimonial que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está llevando a cabo en Miami, Florida, para recuperar bienes producto de los delitos cometidos por García Luna y su familia.
Las tres órdenes de aprehensión en México abarcan distintos delitos graves. La primera se relaciona con el caso “Rápido y Furioso”, en el que ilegalmente se introdujeron armas al país, causando múltiples muertes y daños a la justicia.
La segunda orden de aprehensión está relacionada con un “daño patrimonial que superó los 64 mil 900 millones de pesos”, vinculado a la construcción y operación de penales federales privatizados. Sin embargo, “gracias a la actuación del Gobierno de la República, se ha logrado revertir la mayor parte de dichos daños”.
La tercera orden de aprehensión se refiere a “contratos ilegales y abusivos de equipamiento en cárceles públicas federales, con un daño estimado en 5 mil 112 millones de pesos” y en la que más de 50 personas, incluyendo la esposa y varios hermanos de García Luna, están involucradas en peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR ha tramitado las órdenes de aprehensión con carácter de urgente ante las autoridades correspondientes para obtener, en su caso, la extradición que proceda. Esto demuestra la seriedad y la voluntad de las autoridades mexicanas para llevar a cabo un proceso judicial justo y transparente en este caso de alta relevancia política y social.
