El Comité de la ONU contra la Tortura considera “muy preocupante” la situación en México por la alta incidencia que sigue teniendo esta práctica en el país.
Aunque toma nota de que la tortura no es una política de Estado, asegura que informes internacionales y nacionales documentan “una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención”.
También preocupa que las confesiones obtenidas mediante tortura se utilizan contra los acusados como prueba de culpabilidad ante los tribunales.
Por ello, demandan al Gobierno “pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura”.
El Comité ha publicado las recomendaciones finales tras la evaluación que los pasados 25 y 26 de abril realizó de México. El documento da un año para que haya una primera respuesta y evaluación a esas recomendaciones.
Falta de información
En el informe, el comité “lamenta” no haber recibido del Estado información completa sobre el número de denuncias por actos de torturas y malos tratos registradas durante el periodo en examen.
Según los escasos datos presentados por la delegación, en 2013 hubo 870 quejas de presuntos actos de tortura cometidos por miembros de la Policía Federal y 360 por malos tratos, mientras que en 2018 fueron respectivamente 466 y 40. La delegación mexicana defendió que los programas de capacitación para miembros de los cuerpos de seguridad del Estado habrían contribuido a reducir el número de denuncias, pero el Comité “tiene serias reservas al respecto”, más aún, cuando el Estado “no ha presentado dato alguno relativo al periodo 2014-2017, ni información estadística desglosada”.
Según los escasos datos oficiales disponibles, entre 2013 y 2018 se produjeron 220 muertes de personas privadas de libertad en centros penitenciarios federales, y 2,531 en cárceles de las entidades federativas.
El Comité lamenta que México “no haya presentado información estadística completa respecto de todo el periodo que se examina”.
Persiste la impunidad
El informe señala “las graves deficiencias que presenta la investigación de actos de tortura y malos tratos”, y la “persistencia de altos niveles de impunidad”.
De acuerdo con los datos proporcionados por los representantes del Gobierno mexicano, en enero de 2019 la Fiscalía General de la República contaba con 4,296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación en trámite por el delito de tortura.
Sin embargo, el Comité no ha recibido información completa sobre el número de casos en los que se ejercitó la acción penal, de los procesos judiciales y de los procedimientos disciplinarios abiertos.
El Comité instó al Estado mexicano a garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos sean investigadas de manera pronta e imparcial por un órgano independiente y garantizar que los presuntos autores y sus superiores responsables de ordenar o tolerar las torturas sean enjuiciados debidamente y, de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos.
