Su espacio ocupa 4,7 kilómetros cuadrados. Eso supone apenas un 1,3% de los 604,3 kilómetros cuadrados de superficie que tiene la capital de España. Se llama Madrid Central y fue una de las medidas estrella del gobierno municipal de izquierda que dirigió el Ayuntamiento madrileño entre 2015 y el 15 de junio del año en curso.
Madrid Central constituye una iniciativa para reducir las emisiones de gases contaminantes por parte de vehículos a motor. Su entrada en vigor tuvo lugar el 30 de octubre de 2018. Sin embargo, en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, los partidos de derecha –el conservador Partido Popular (PP), el liberal Ciudadanos y el ultraderechista Vox- sumaron mayor número de concejales que las formaciones de izquierda, lo que tuvo como resultado la elección de José Luis Martínez Almeida, candidato del PP, como nuevo alcalde de Madrid. Y en su programa electoral, una de sus principales promesas, que está empezando a llevar a cabo, es el desmantelamiento de Madrid Central y el regreso del tráfico ilimitado de automóviles a esa zona de la ciudad, que ocupa su centro histórico.
La decisión del alcalde Almeida ha causado malestar en amplios sectores de la sociedad, que empezaban a ver con buenos ojos los efectos de las restricciones al tráfico ordenadas por su predecesora en el cargo, Manuela Carmena. La anterior alcaldesa, juez retirada, se arriesgó a una pérdida de votos –que finalmente sucedió y le privó de un segundo mandato como regidora de Madrid- para adaptar la capital española a los estándares de lucha contra la contaminación marcados por la Unión Europea.
Para ello, el equipo de Carmena decidió que en el espacio de Madrid Central sólo pudieran circular los vehículos de los residentes en la zona –con independencia del motor que los propulsa-, los correspondientes al transporte público y los coches eléctricos, que no producen emisiones contaminantes. Asimismo, se permitía que los camiones y furgonetas que suministran a los comercios dentro de Madrid Central pudieran acceder a ese recinto, aunque con limitaciones.
En un principio, Madrid Central despertó protestas de cierto número de comerciantes de la zona afectada, pero poco a poco fue ganando aceptación. El pasado abril, un informe de Ecologistas en Acción cifró en un 17% la reducción de gases contaminantes en comparación con marzo de 2018, cuando aún faltaban varios meses para la entrada en funcionamiento de Madrid Central.
La aludida victoria de la derecha en las elecciones municipales ha empezado a poner fin a la zona de bajas emisiones contaminantes. Aunque Madrid Central todavía no ha sido derogado, el Ayuntamiento ha establecido una moratoria de tres meses a las sanciones económicas que se venían imponiendo a los conductores de vehículos no autorizados para acceder a esta área, que incluye importantes zonas de Madrid como la Gran Vía, la Puerta del Sol o el inicio de la célebre calle de Alcalá, además de otros barrios castizos como Malasaña, La Latina o Lavapiés. Esa moratoria supone en la práctica la muerte de Madrid Central.
El pasado sábado tuvo lugar en el centro de Madrid una manifestación en rechazo a la política de la nueva corporación municipal y en defensa del mantenimiento de la zona de bajas emisiones contaminantes. Según los convocantes, asistieron a la marcha unas 60.000 personas, número que la Delegación del Gobierno de España en Madrid redujo a 10.000.
Bajo el lema “En defensa de Madrid Central”, los manifestantes reclamaron al Ayuntamiento que dé marcha atrás en el desmantelamiento de las restricciones al tráfico rodado. No en vano, varios diarios europeos, como el británico The Guardian, han criticado la decisión del nuevo gobierno municipal, pues la reversión de normas para combatir la contaminación es algo inédito en las grandes capitales europeas donde se han ido adoptando políticas para preservar el medio ambiente.
Desde el gobierno central de España, el responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, afirmó a mediados de junio que, en caso de que se suprima de forma definitiva Madrid Central, “haríamos el ridículo, nadie en Europa lo entendería”. El director general de Tráfico emplazó al gobierno municipal de Madrid a “mejorar” las medidas de la zona de bajas emisiones en lugar de eliminar esta área, que se ha convertido desde que se implantó en caballo de batalla entre las distintas formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de la capital.
