Plan anti-inmigrante de Trump, un negociazo para las cárceles privadas

La promesa de Donald Trump de lanzar la mayor operación anti-inmigración de la historia de Estados Unidos ya está moviendo millones de dólares.

Prisiones privadas como CoreCivic y GEO Group ven un boom de “clientes” (sí, personas) y California City, una de las ciudades más pobres de California, espera convertirse en el epicentro de las deportaciones.

El alcalde Marquette Hawkins lo dice claro: “Cuando hablas con la mayoría de residentes aquí, tienen una opinión favorable, ellos ven el impacto económico”. No es para menos: se proyectan 500 nuevos empleos y más de 2 millones de dólares en impuestos para la ciudad gracias al mega-centro de detención que abrirá CoreCivic.

Pero no todos están felices. Para organizaciones como la Fundación Dolores Huerta, esta “oportunidad” es más bien un dilema moral. “La gente siente que esto les va a ayudar, sin entender que es la forma más inhumana de tener un trabajo”, dice Inishia White.

Récord de detenidos, récord de negocios

La ofensiva migratoria ya rompió cifras: en junio, más de 60,000 personas estaban detenidas por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), la mayoría sin delitos graves y el 80% en centros privados.

Con la meta de triplicar arrestos diarios y 45,000 millones de dólares aprobados para nuevas instalaciones, las empresas del ramo viven su mejor momento en décadas.

“Nunca en 42 años de historia en esta compañía hemos tenido tanta actividad y demanda por nuestros servicios como ahora”, presumió Damon Hininger, director de CoreCivic, en llamada con inversionistas.

¿Negocio redondo o bomba de tiempo?

Mientras Trump sumó casi 200 centros de detención desde que llegó a la Casa Blanca, voces como la de la congresista Norma Torres lanzan advertencias: “Las compañías que manejan prisiones privadas están lucrando con el sufrimiento humano”.

El acceso a estos lugares es restringido. Torres intentó visitar un centro de GEO Group y le negaron la entrada.

“Es peligroso, ilegal y un intento desesperado de esconder el abuso que se esconde detrás de estas paredes”, denunció.

Abogados y activistas como Kristen Hunsberger reportan abusos: detenciones violentas, falta de comida, agua y atención médica, personas durmiendo en el piso y, sobre todo, presión para que firmen su deportación.

¿Qué dicen las autoridades?

El gobierno y las empresas niegan todo. “Las afirmaciones de que hay hacinamiento o condiciones precarias en las instalaciones del ICE son categóricamente falsas”, respondió Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional.

Pero testimonios como el de Alejandra Morales cuentan otra historia: “No los dejan ni lavarse los dientes, no los dejan bañarse, nada. Que los tienen todos durmiendo en el piso, en una celda, todos juntos”.

¿Empleo o explotación?

Para California City el dilema es real: la llegada de empleos y recursos, a cambio de ser parte central de una estrategia migratoria que muchos consideran inhumana.

“Están empezando a sentir que se trata de una estrategia para agotar a las personas, mantenerlas en condiciones inhumanas y luego presionarlas para que firmen algo en lo que podrían aceptar ser deportadas”, advierte la abogada Hunsberger.

Así, mientras unos celebran la bonanza económica, otros piden no olvidar el precio humano detrás del negocio.

Con información de AFP