Condado de Los Ángeles declara estado de emergencia por redadas migratorias

El condado de Los Ángeles declaró este miércoles estado de emergencia tras las redadas migratorias ejecutadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, en una medida considerada sin precedentes para responder al impacto social y económico generado por estas acciones.

La declaración, habitualmente reservada para desastres naturales, permite liberar recursos públicos para apoyar a las personas afectadas, especialmente en una región donde reside un alto número de inmigrantes indocumentados y una de las comunidades más diversas del país.

Las autoridades locales denunciaron que las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se han concentrado en personas hispanohablantes o de apariencia latina, generando miedo y desconfianza en la población.

De acuerdo con una encuesta reciente, los ingresos semanales de los inmigrantes han caído hasta 60%, ya que muchos evitan salir de casa o acudir a sus trabajos por temor a ser detenidos.

La Junta de Supervisores del condado aprobó la medida por cuatro votos a favor y uno en contra durante una sesión celebrada el martes.

La supervisora Janice Hahn, quien impulsó la propuesta, explicó que la declaración busca proteger a las familias afectadas y enviar un mensaje de respaldo a la comunidad inmigrante.

“Tenemos familias enteras desamparadas porque sus padres o madres fueron arrebatados de sus lugares de trabajo. Quiero que nuestras comunidades de inmigrantes sepan que los vemos y comprendemos lo que atraviesan”, expresó.

Las redadas, iniciadas en agosto, provocaron protestas prolongadas en Los Ángeles, mientras que la respuesta del gobierno federal incluyó el envío de soldados a las calles, una medida que fue criticada por autoridades locales y organizaciones civiles por considerarla “innecesaria e incendiaria”.

La resolución aprobada también abre la puerta a medidas de protección para inquilinos que enfrenten dificultades para pagar la renta como consecuencia de las detenciones migratorias.

La única integrante que votó en contra, Kathryn Barger, argumentó que la declaración podría generar conflictos legales costosos con el gobierno federal.

“Necesitamos soluciones reales, no gestos simbólicos”, dijo, aunque aseguró que seguirá apoyando programas de asistencia legal y de vivienda para las familias vulnerables.

La situación en Los Ángeles refleja el creciente enfrentamiento entre autoridades locales demócratas y la administración republicana de Trump, cuya política migratoria ha intensificado las tensiones en varias ciudades del país, entre ellas Chicago y Portland, donde también se ha desplegado la Guardia Nacional.