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Nacional

Cámara de Diputados aprueba Ley General de Aguas tras debate de 24 horas

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Ciudad de México, 4 de diciembre de 2025.– Tras un debate histórico de 24 horas y la participación de 178 oradores, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Aguas, un marco jurídico que busca regular el acceso, uso y manejo del agua bajo la rectoría del Estado mexicano.

El dictamen fue avalado en lo particular con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, y se remitió al Senado para su análisis constitucional.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue defendida por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), quien aseguró que la ley “recupera el agua para el pueblo y combate la corrupción y el acaparamiento”. Monreal afirmó que la nueva normativa prohibirá la venta ilegal y la monopolización del recurso, además de ordenar la concesión de derechos hídricos.

“Hemos situado al agua como el valor más preciado de la nación. Esta ley prohíbe el acaparamiento y establece una política pública bajo la rectoría del Estado nacional”, señaló Monreal.

Sin embargo, la oposición expresó fuertes reservas. El coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, consideró que la reforma “es centralista y coloca al país en una regresión al siglo XIX”, al concentrar facultades en el gobierno federal y dejar en segundo plano a los estados.

Desde el PAN, Francisco Pelayo y Noemí Luna criticaron la falta de claridad en los artículos sobre concesiones y transmisión de derechos, afirmando que las reformas “ponen en riesgo al campo mexicano y la seguridad hídrica de los productores”.

El PT y el PVEM respaldaron el proyecto, destacando que garantiza el derecho humano al agua, el saneamiento y la protección de ecosistemas, mientras que Movimiento Ciudadano cuestionó la “premura legislativa” con que fue aprobada.

La nueva Ley de Aguas reconoce por primera vez a los sistemas comunitarios de agua en zonas rurales e indígenas, establece sanciones más severas contra la extracción ilegal y crea el concepto de “responsabilidad hídrica”, que obligará a las concesionarias a aplicar buenas prácticas para conservar las cuencas y acuíferos.

El debate sobre su implementación continuará ahora en el Senado de la República, donde se prevén ajustes y nuevas reservas antes de su publicación final.


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