Personas con discapacidad enfrentan mayores niveles de pobreza y desigualdad en América Latina: CEPAL

Los hogares donde viven personas con discapacidad registran mayores niveles de pobreza, desigualdad e inestabilidad económica, además de carencias en cuidados y apoyo para su autonomía, advirtió Daniela González Ollino, especialista del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía de la CEPAL.

Durante la conferencia “Importancia de la medición de la discapacidad”, impartida en el marco del Segundo Seminario de Procesos Institucionales con Perspectiva de Discapacidad de la UNAM, la experta destacó que al menos 6.5% de la población de América Latina y el Caribe vive con alguna discapacidad, y que la cifra aumenta conforme avanza el envejecimiento poblacional.

“Cada nación atraviesa una transición demográfica distinta, pero en aquellas con sociedades más envejecidas habrá una proporción mayor de personas con discapacidad”, explicó González Ollino.

Según los censos más recientes, Chile presenta una de las tasas más altas de la región, con 11% de su población en esta condición. En países como México, Colombia, Ecuador y Panamá, la presencia de personas con discapacidad es mayor en zonas rurales, donde se acentúan las brechas de desigualdad.

Desigualdades estructurales y de género

González Ollino subrayó que las mujeres mayores son quienes enfrentan más dificultades, debido a su mayor esperanza de vida y al limitado acceso a servicios de asistencia de largo plazo.

Además, señaló que menos del 40% de las personas con discapacidad forman parte de la fuerza laboral, generalmente con salarios bajos y mayores tasas de desempleo. Las mujeres, en particular, tienen menor probabilidad de conseguir empleo formal.

“Presentan niveles educativos más bajos y menor acceso a oportunidades laborales. Es un círculo que refuerza la pobreza y limita su autonomía”, puntualizó.

Necesidad de políticas con enfoque de derechos

La especialista de la CEPAL destacó la importancia de fortalecer los marcos jurídicos y los sistemas de protección social para garantizar la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

Advirtió que los censos de población y encuestas de hogares son actualmente las principales fuentes de datos, pero aún carecen de información suficiente en áreas como salud sexual y reproductiva, así como sobre situaciones de discriminación, estigma o violencia.

“No contamos con información robusta que permita saber si se garantizan estos derechos. Es necesario avanzar en su medición y en políticas públicas con enfoque social y de derechos humanos”, señaló.

En su intervención, González Ollino también subrayó que las personas con discapacidad requieren apoyos y cuidados para su bienestar, pero también deben contar con condiciones para una vida independiente y autónoma, dentro de sistemas inclusivos que reconozcan su dignidad y su aporte a la sociedad.

Con información de la UNAM.