Mucho ruido, pocas nueces

• Cuando la participación ciudadana se cancela por “cara”

Al final, los plebiscitos tan anunciados no se hicieron por una razón concreta: el costo. Treinta millones de pesos en el Municipio de Querétaro. Siete millones en Cadereyta.

Esas fueron las cifras que terminaron por apagar el discurso, bajar el telón y cancelar el ejercicio. No hubo democracia directa, no hubo consulta, no hubo participación.

Hubo cálculo financiero… y una pregunta incómoda que nadie quiso responder a tiempo: ¿por qué se invita a la ciudadanía antes de hacer números?

Porque aquí está el fondo del problema: no fue una decisión responsable, fue la consecuencia de una mala planeación. Se habló de plebiscitos, se agitó la bandera de la participación ciudadana, se anunció como si fuera una ruta clara de gobierno, y solo después se descubrió que era caro. Demasiado caro para hacerlo realidad.

En política pública, eso tiene nombre: ocurrencia.

El Municipio de Querétaro fue el que más empujó la narrativa. El que más habló de escuchar a la gente. El que más elevó las expectativas. Incluso el alcalde llegó a decir que buscarían alternativas, que se analizaría una vía digital, que habría acercamientos con el IEEQ para encontrar una solución innovadora y menos costosa.

Nada de eso ocurrió.

No hubo estrategia. No hubo rediseño. No hubo seguimiento. Solo silencio administrativo después del ruido político.

Y entonces la participación ciudadana quedó reducida a un argumento que se desecha cuando deja de ser rentable.

Aquí vale la pena hacer la pregunta correcta: ¿cuál debería ser el costo real de la participación ciudadana?

¿Se mide en pesos y centavos? ¿O se paga en gobernabilidad?

Porque gobernar sin escuchar también tiene un precio. Se paga en desconfianza, en desgaste institucional, en distancia entre autoridades y ciudadanía. Ese costo no aparece en el presupuesto, pero se cobra todos los días.

Invitar a la gente, movilizar expectativas, abrir el debate público y luego cancelar el ejercicio manda un mensaje peligroso: que la opinión ciudadana es prescindible; que se consulta solo cuando es barato, cómodo o políticamente inofensivo.

La participación no puede ser un espectáculo. No puede ser un “show” de anuncios, conferencias y buenas intenciones si no existe un interés legítimo de escuchar y asumir consecuencias.

Si un municipio no tiene claridad sobre cuánto cuesta consultar a su gente, entonces no debería anunciar consultas. Si no hay planeación presupuestal, jurídica y operativa, lo responsable no es prometer participación: es diseñarla antes de venderla.

Lo ocurrido en Querétaro exhibe algo más grave que la cancelación de un plebiscito: la ligereza con la que se usa el concepto de ciudadanía. Se le convoca como adorno discursivo, no como actor real del gobierno.

Mucho ruido, sí. Pero pocas nueces.

Porque cuando llega el momento de decidir entre pagar la participación con dinero o pagarla con gobernabilidad, algunos gobiernos prefieren no pagar nada… y seguir gobernando solos.