Cuando el miedo a la policía erosiona la democracia

El testimonio de Kaleb Marín, estudiante y periodista de la Universidad Autónoma de Querétaro, no sólo describe un episodio de abuso policial; expone una consecuencia más profunda y peligrosa: el miedo como mecanismo informal de control social. 

Lo ocurrido el 15 de enero en la colonia La Sierrita revela cómo una actuación legítima —la detención de una persona con orden de aprehensión— puede derivar en violaciones graves cuando el uso de la fuerza y el ejercicio del poder carecen de límites efectivos.

Kaleb circulaba en bicicleta cuando se percató de una actuación policial. Se detuvo a grabar con su teléfono celular. Elementos de la Policía Estatal sometían a dos hombres. Había golpes y sangre.  Los elementos, al percatarse de que eran grabados increparon al reportero y le ordenaron detener la grabación. Él se identificó como periodista. 

Sin embargo, minutos después, fue detenido, esposado e ingresado en una patrulla. Recibió  amenazas, los policías intentaron despojarlo de su teléfono y le advirtieron que si no borraba los videos, le “iría peor”. 

Finalmente, bajo coacción, eliminó  el material. Fue trasladado a un juzgado cívico en Santa Rosa Jáuregui. Lo acusaron de “desobediencia civil”. Lo volvieron a amenazar: “Acuérdate que ya sabemos quién eres y, si no aprendiste, a la mala te vamos a hacer entender”.

La existencia de una orden judicial justifica la detención de una persona, pero no justifica los golpes, las amenazas ni la extensión arbitraria de la violencia hacia terceros. 

Mucho menos justifica la detención de dos ciudadanos que no estaban cometiendo delito alguno ni la coacción contra un periodista que documentaba hechos en la vía pública. Confundir autoridad con impunidad es una de las grietas más serias del Estado de derecho.

El miedo a la policía no surge de la nada. Se construye a partir de experiencias reiteradas donde el contacto con la autoridad implica humillación, violencia o riesgo. 

Ese miedo tiene efectos sociales concretos: personas que prefieren no denunciar delitos, testigos que callan, comunidades que evitan interactuar con patrullas aunque necesiten ayuda. En casos extremos, colonias o comunidades hostiles hacia la autoridad.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana confirma que una parte significativa de la población percibe inseguridad y corrupción en los contactos con cuerpos policiales. El resultado es una paradoja: instituciones diseñadas para proteger terminan debilitando la seguridad colectiva.

También hay un efecto corrosivo en la vida democrática. Cuando grabar a un policía genera represalias, se inhibe la fiscalización ciudadana y el periodismo, profesional o independiente. 

La amenaza no es sólo una intimidación individual: es un mensaje disuasivo dirigido a cualquiera que observe. 

Pero el orden sostenido en el miedo es frágil. Genera resentimiento, desconfianza y, en casos extremos, respuestas violentas contra la propia autoridad.

Querétaro ha registrado niveles relativamente altos de confianza en su Policía Estatal. Precisamente por eso, episodios como el relatado por Kaleb Marín son especialmente dañinos: erosionan avances y normalizan prácticas que deberían ser excepcionales y sancionadas. 

No se trata de desacreditar a toda la corporación ni de negar los riesgos del trabajo policial. Se trata de afirmar un principio básico: la autoridad sólo es legítima cuando actúa dentro de la ley.

Lo que ocurre en el espacio público puede ser grabado. Y cuando quienes documentan son periodistas, y quienes son grabados son servidores públicos, el escrutinio no es opcional. Es parte del cargo.