Ghislaine Maxwell condiciona declaración ante Congreso a un indulto de Trump

Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Jeffrey Epstein, se negó a responder preguntas del comité del Congreso de Estados Unidos que investiga los vínculos del fallecido delincuente sexual con figuras de poder, aunque manifestó estar dispuesta a declarar si recibe un indulto del presidente Donald Trump.

La comparecencia se realizó a puerta cerrada y por videoconferencia, desde la prisión de Texas donde Maxwell cumple una condena de 20 años por tráfico sexual de menores. La audiencia ocurrió en medio de la polémica por la reciente apertura de millones de documentos del expediente Epstein.

El Departamento de Justicia informó que abrió los archivos no censurados para revisión de legisladores, luego de que congresistas señalaran que algunos nombres habían sido ocultados en versiones previas. La divulgación deriva de una ley de transparencia aprobada en noviembre por el Congreso y promulgada por Trump, que obliga a publicar toda la documentación relacionada con el caso.

Maxwell, de 64 años, es la única persona condenada en relación con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores. Su muerte fue clasificada como suicidio. Epstein había sido condenado previamente en 2008 por solicitar servicios sexuales a una menor.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, confirmó que Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense para no autoincriminarse. Su abogado, David Markus, señaló que su clienta declararía “plena y honestamente” solo en caso de recibir un indulto presidencial.

Legisladores demócratas calificaron esta postura como una estrategia legal para obtener beneficios. En paralelo, el comité mantiene citatorios para que el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton declaren a finales de febrero sobre sus vínculos con Epstein. Donald Trump, quien tuvo relación social con Epstein en el pasado, no ha sido citado y no enfrenta acusaciones.

El caso volvió a generar presión política luego de que legisladores cuestionaran la censura de nombres en correos electrónicos y otros documentos divulgados, al considerar que podría violar la ley de transparencia. El Departamento de Justicia señaló que no se prevén nuevos procesamientos, aunque el caso continúa generando repercusiones políticas y legales.

Con información de AFP