Senado recibe iniciativa de Sheinbaum para poner tope a pensiones de funcionarios

El Senado de la República recibió una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar el artículo 127 de la Constitución con el objetivo de establecer límites a los esquemas de jubilaciones y pensiones en entidades públicas.

La propuesta busca que ninguna persona servidora pública pueda recibir una remuneración mayor a la asignada a la persona titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente.

De acuerdo con el documento enviado al Congreso, la reforma pretende fortalecer la coherencia del orden constitucional y garantizar un uso más justo de los recursos públicos.

El proyecto plantea modificar el párrafo segundo y las fracciones II y III del artículo 127, además de adicionar disposiciones a la fracción IV. Entre los cambios se establece que ningún servidor público podrá percibir una remuneración igual o mayor a la de su superior jerárquico.

La iniciativa contempla algunas excepciones. Por ejemplo, cuando el ingreso adicional sea resultado del desempeño de varios empleos públicos permitidos por la ley, derive de condiciones generales de trabajo o corresponda a labores técnicas especializadas. En estos casos, la suma de las percepciones no deberá exceder la mitad de la remuneración fijada para la persona titular del Ejecutivo federal.

El proyecto también fija límites para las jubilaciones y pensiones de personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, fideicomisos públicos y empresas con participación estatal mayoritaria.

El mismo criterio aplicaría para organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos de los gobiernos estatales y municipales. En todos los casos, las pensiones o jubilaciones financiadas con recursos públicos no deberán superar la mitad del salario establecido para la Presidencia de la República.

La propuesta excluye de estas restricciones a las Fuerzas Armadas, así como a las pensiones generadas a partir de aportaciones voluntarias en cuentas individuales de ahorro para el retiro o de sistemas complementarios financiados por aportaciones sindicales. También queda fuera la pensión no contributiva prevista en el artículo 4º constitucional.

Uno de los puntos que más destaca en la iniciativa es que el límite sería aplicable tanto a las pensiones futuras como a aquellas otorgadas antes de la entrada en vigor de la reforma. El documento señala que esta disposición se sustenta en precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permiten que las reformas constitucionales tengan efectos sobre situaciones previas sin violar el principio de irretroactividad de la ley.

El Ejecutivo federal argumenta que la medida se vincula con el principio de austeridad republicana y con lo establecido en el artículo 134 constitucional, que obliga a administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia y responsabilidad.

Según el planteamiento de la presidenta, la reforma no busca eliminar derechos ni desconocer pensiones ya existentes, sino ordenar y armonizar los esquemas actuales para garantizar que sean sostenibles y acordes con una administración pública orientada al interés general.

La iniciativa será analizada por las comisiones del Senado antes de iniciar el proceso legislativo correspondiente. En caso de ser aprobada, deberá también recibir el respaldo de la Cámara de Diputados y de la mayoría de los congresos estatales para convertirse en una reforma constitucional.

En México, el artículo 127 de la Constitución ya establece que ningún servidor público puede ganar más que la persona titular del Poder Ejecutivo federal.

La propuesta presentada ahora busca extender ese principio también a los sistemas de jubilaciones y pensiones financiados con recursos públicos.