Juez ordena a SEDENA entregar 853 folios del caso Ayotzinapa

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar 853 folios generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) con sede en Iguala, Guerrero, relacionados con el caso Ayotzinapa. La resolución fue emitida el 19 de febrero de 2026 dentro del juicio de amparo 1350/2023.

El fallo instruye al Ejército Mexicano a proporcionar la totalidad de la información producida en 2014 por el CFRI “Centro” y por otras instancias militares de inteligencia.

El juzgado determinó que la falta de continuidad en los folios entregados no acredita su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la documentación está en poder de autoridades castrenses y debe ser entregada.

La demanda fue presentada en agosto de 2023 por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes señalaron la omisión de autoridades militares en la entrega de reportes de inteligencia, pese al Decreto Presidencial de 2018 que obliga a dependencias federales a colaborar en el esclarecimiento del caso.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) informó que el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó la existencia de comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relacionadas con el seguimiento a los estudiantes antes y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.

Según ese informe, los folios proporcionados estaban incompletos, lo que evidenció documentación faltante.

La resolución judicial establece que la información no puede clasificarse como confidencial o reservada, al existir un interés público y el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad.

En septiembre de 2023, dentro del mismo proceso, un Tribunal Colegiado ordenó al Ejército abstenerse de destruir, eliminar u ocultar información relacionada con el caso.

A más de once años de la desaparición de los 43 estudiantes, la investigación continúa abierta y las familias mantienen acciones legales para obtener información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.