FGR analiza solicitudes de extradición contra funcionarios de Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya fue notificada de solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa, y que inició el análisis de la documentación conforme a la legislación mexicana.

Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, señaló que el procedimiento se realiza en apego a los protocolos legales. “Debe cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente”, indicó.

El funcionario explicó que la información fue remitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y que corresponde a la FGR revisar si existen elementos suficientes para proceder. “Es obligación de esta Fiscalía […] analizar la documentación recibida, con la finalidad de establecer […] si existen los elementos probatorios necesarios”, afirmó.

Lara López precisó que, hasta el momento, la solicitud no incluye evidencia suficiente. “Es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”, declaró.

Abre FGR investigación

Añadió que, de forma paralela, la FGR iniciará una investigación propia para determinar si existen datos de prueba que permitan sustentar las acusaciones y, en su caso, solicitar órdenes de aprehensión ante autoridades judiciales mexicanas.

El vocero recordó que, conforme a la ley, para proceder penalmente se requieren datos que permitan inferir la probable comisión de un delito. Asimismo, subrayó que el Tratado de Extradición bilateral establece que solo se concederá la extradición si las pruebas son suficientes conforme a la legislación del país requerido.

El funcionario también señaló que la solicitud incluye disposiciones de confidencialidad que, según dijo, no se habrían respetado. Indicó que se requiere garantizar que la información “no sea divulgada ni se haga del dominio público”, en línea con acuerdos internacionales y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

En cuanto a los implicados que ocupan cargos públicos, explicó que la legislación mexicana contempla un proceso adicional. “En el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia” para retirar la inmunidad procesal, apuntó.

Finalmente, Lara López enfatizó que la actuación de la FGR se regirá por el marco legal vigente y el respeto a la soberanía nacional. “Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”, concluyó.

El caso se desarrolla luego de que autoridades estadounidenses hicieran públicas acusaciones contra funcionarios vinculados con el gobierno de Sinaloa, lo que abrió un proceso de revisión en México sobre la viabilidad de dichas solicitudes.