Abusos, denuncias, omisiones y revictimización

Hay temas que no deberían convertirse en una disputa de versiones. Mucho menos cuando involucran a niñas y niños, como lo son las denuncias que se han hecho sobre violencia institucional en el Poder Judicial del Estado; ni sobre abusos cometidos dentro del CECOFAM.

Y es que las integrantes de Feminismo Para Todas MX han hecho ya denuncias al respecto y han hablado de presuntos abusos sexuales, omisiones institucionales y decisiones judiciales que han mantenido convivencias aun cuando existen estudios psicológicos, reportes médicos y testimonios de menores respecto a la violencia ejercida en contra de ellos.

El punto central de su exigencia ha sido que los casos sean atendidos de fondo y que las autoridades dejen de minimizar lo que denuncian madres, víctimas y especialistas.

La respuesta institucional no puede limitarse a señalar que “no hay pruebas suficientes” o que los procedimientos siguen en curso. Precisamente para eso existen las investigaciones. Y cuando lo que está en discusión son posibles agresiones contra infancias, el estándar tendría que ser el de máxima protección, no el de desgaste para quienes denuncian.

Los casos de presuntos abusos en el CECOFAM resultan especialmente delicados, ya que señalan que hay videograbaciones incompletas, criterios contradictorios y la continuidad de convivencias mientras existen investigaciones abiertas; lo que genera preocupación pública.

Más aún cuando las propias denunciantes aseguran que han tenido que recurrir a amparos para obtener información interna o mantener vivos los procesos.

La respuesta que dio el magistrado presidente, Braulio Guerra, a las acusaciones ha sido insuficiente, aunque debemos admitir tiene razón en un punto y es que las instituciones deben actuar con responsabilidad y apego a derecho. Pero esa misma responsabilidad implica reconocer que minimizar denuncias o reducirlas a conflictos familiares termina enviando un mensaje peligroso para quienes buscan justicia.

En Querétaro se ha insistido durante años en la importancia de proteger a las infancias y combatir la violencia. Sin embargo, los discursos oficiales de los gobiernos e instituciones como el propio Tribunal Superior de Justicia, son inverosímiles cuando en la práctica no se reflejan esas buenas intenciones y las madres denuncian retrasos, cambios constantes de fiscales, revictimización o resoluciones que consideran contradictorias. Ahí es donde las instituciones tienen la obligación de generar certeza.

Porque incluso si un caso no concluye con una sentencia condenatoria, las denuncias merecen investigación seria, atención integral y sensibilidad institucional, ya que de lo contrario provoca que las víctimas sientan que deben manifestarse en la calle para ser escuchadas.

Porque aunque insistan en que Querétaro es diferente y es la excepción en cuanto a impunidad, si este tipo de situaciones siguen sucediendo, esta excepción no se refleja en la vida diaria de las personas.