Se entrega tercer exfuncionario de Sinaloa acusado por EEUU de vínculos con crimen organizado

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se entregó a autoridades de Estados Unidos, con lo que suman tres las personas requeridas por la justicia estadounidense en una investigación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa que ya comparecen ante ese país.

De acuerdo con información confirmada por una fuente del Departamento de Justicia estadounidense a medios nacionales, Almanza Avilés se presentó el jueves ante las autoridades, luego de haber comparecido días antes ante fiscales federales en México.

El exfuncionario forma parte de una causa judicial en Estados Unidos que incluye al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otras nueve personas señaladas por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”.

La acusación señala que Almanza Avilés habría recibido pagos mensuales de aproximadamente 300,000 pesos a cambio de permitir operaciones relacionadas con tráfico de drogas y facilitar el paso de cargamentos de precursores químicos para la elaboración de fentanilo.

Según los documentos judiciales, también se le atribuye haber favorecido presuntamente a integrantes de esa organización mediante la emisión de órdenes de aprehensión contra grupos rivales y la liberación de personas detenidas.

Además, enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos, entre ellos fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como por posesión y conspiración para poseer armamento vinculado con actividades de narcotráfico.

Versiones difundidas por medios nacionales indican que, antes de comparecer ante la Fiscalía General de la República, Almanza habría intercambiado comunicación con Rubén Rocha Moya.

La entrega ocurre después de que otras dos personas incluidas en la misma investigación ya se habían puesto a disposición de autoridades estadounidenses.

El caso forma parte de una investigación federal en Estados Unidos sobre presuntas redes de protección institucional a actividades del Cártel de Sinaloa.