FGR niega persecución política en caso Ruffo; PAN insiste que es un preso político

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que exista una persecución política contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y aseguró que su investigación por un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos se sustenta en pruebas obtenidas durante una indagatoria iniciada tras el hallazgo de ferrotanques con combustible en Coahuila.

En un comunicado, la dependencia afirmó que el caso deriva de una investigación técnica sobre una red de importación irregular de hidrocarburos que, según sus estimaciones, habría causado un daño potencial superior a $4,000 millones a la hacienda pública durante el primer semestre de 2025.

La FGR explicó que la investigación comenzó con el aseguramiento de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, y posteriormente se amplió hasta reconstruir una red logística ferroviaria con operaciones en otras entidades como San Luis Potosí y Nuevo Laredo.

De acuerdo con la fiscalía, el análisis de documentos corporativos permitió identificar a una empresa importadora constituida en 2018. La dependencia sostiene que Ernesto Ruffo se incorporó a la sociedad ese mismo año y que para 2021 ya era accionista y secretario del Consejo de Administración, participando en decisiones relacionadas con comercio exterior, operaciones aduaneras y la administración de la empresa.

La institución informó que hasta ahora ha integrado 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales, análisis documentales e inteligencia financiera, y precisó que actualmente la imputación corresponde a un presunto perjuicio fiscal superior a $100 millones, relacionado con 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025.

Sin embargo, señaló que las investigaciones apuntan a más de 4,000 operaciones presuntamente irregulares, cuyo impacto económico podría superar los $4,000 millones, cifra que aún deberá acreditarse durante la investigación complementaria.

La FGR también recordó que el delito de delincuencia organizada contempla prisión preventiva oficiosa conforme a la Constitución y sostuvo que “Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas”.

PAN acusa uso político de la justicia

Un día antes, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó a Ruffo Appel como “un preso político del gobierno de la 4T” y aseguró que el proceso carece de pruebas suficientes para sostener que encabezó una red de “huachicol fiscal”.

El dirigente panista afirmó que las instituciones de justicia están siendo utilizadas para perseguir a opositores y pidió que el proceso se conduzca con imparcialidad y respeto al debido proceso. También sostuvo que existen otros casos de funcionarios vinculados a Morena que, dijo, no han sido investigados con el mismo rigor.

Hasta el momento, el proceso penal contra Ruffo Appel continúa y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance la investigación.