Investigan posible venta de 12.9 millones de registros con datos personales

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación por la posible filtración y venta de más de 12.9 millones de registros con datos personales, presuntamente provenientes de diferentes centros de atención telefónica (call centers). La información ofrecida incluiría nombres completos, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, RFC y datos bancarios.

La dependencia federal informó este 24 de septiembre que detectó una publicación en Telegram, difundida el pasado 22 de septiembre, en la que un usuario ofrecía comercializar bases de datos supuestamente vinculadas con distintas empresas.

Como parte de su monitoreo, la Secretaría obtuvo una muestra de 13,000 registros correspondientes a 13 bases de datos diferentes, en las que se identificaron nombres comerciales de instituciones financieras, tiendas departamentales y otras empresas.

Entre las marcas mencionadas se encuentran Amazon, American Express, Afirme, Banamex, Banco del Bajío, BBVA, Banorte, Banregio, HSBC, Inbursa, Santander, Scotiabank, Liverpool, Sam’s Club, Sears, Suburbia, Sanborns y Soriana, entre otras.

La aparición de estas marcas en las bases de datos no significa que se haya confirmado una filtración atribuible a dichas empresas. Las autoridades todavía deberán determinar el origen de la información y las posibles responsabilidades.

Analizarán registros para determinar posibles responsabilidades

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció que analizará los registros obtenidos e iniciará investigaciones de oficio para determinar si existieron vulneraciones a la legislación sobre protección de datos personales.

Las indagatorias se realizarán conforme a las facultades que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

La información presuntamente comprometida incluye datos que podrían utilizarse para identificar y contactar a las personas, además de información financiera y fechas de nacimiento.

La dependencia señaló que, en caso de iniciar los procedimientos correspondientes, actuará conforme a la legislación vigente para determinar las responsabilidades relacionadas con las bases de datos investigadas.

Hasta el momento, la venta de los 12.9 millones de registros y su presunto origen en distintos centros de atención telefónica forman parte de los hechos sujetos a investigación.