SCJN ordena atender sobrepoblación en penal Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó adoptar medidas inmediatas para atender la sobrepoblación en el Centro Penitenciario Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca, en el Estado de México, que alberga a más de 5,000 personas pese a tener capacidad para menos de 2,000. Las autoridades deberán elaborar un plan para solucionar el problema en un plazo máximo de seis meses.

La resolución deriva de un amparo promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, ante la falta de medidas de las autoridades estatales para combatir el hacinamiento.

Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor de conceder el amparo y señaló que la sobrepoblación penitenciaria afecta derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, particularmente su integridad y dignidad.

De acuerdo con los datos expuestos durante el procedimiento, el centro penitenciario registraba una sobrepoblación del 236.26%. La ministra recordó que, conforme a los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la población supera el 120% de la capacidad de un establecimiento penitenciario se alcanzan niveles críticos.

El hacinamiento afecta las condiciones para dormir, mantener la higiene personal, recibir atención médica y acceder a programas de reinserción social.

“Las dificultades administrativas o presupuestarias no pueden convertirse en una pena adicional para quienes ya están pagando la que les impuso una sentencia judicial”, sostuvo Esquivel Mossa.

La ministra señaló que las personas privadas de la libertad conservan sus derechos fundamentales, por lo que las condiciones de internamiento no deben representar un castigo adicional al establecido mediante un proceso penal.

Como parte de la resolución, las autoridades deberán adoptar medidas inmediatas y coordinadas para garantizar condiciones dignas y seguras dentro del centro penitenciario, así como evitar que el hacinamiento continúe agravándose.

También deberán elaborar un plan multidisciplinario e interinstitucional en un plazo máximo de seis meses, además de presentar informes trimestrales de cumplimiento. Las acciones estarán sujetas a supervisión judicial.