Comisiones legislativas aprueban aplazar elección judicial de Querétaro hasta 2028
La primera elección de jueces y magistrados por voto popular en Querétaro se realizaría el 4 de junio de 2028, en lugar de 2027, de acuerdo con el dictamen de reforma judicial aprobado este viernes 30 de octubre por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales del Congreso estatal. La propuesta también establece nuevas reglas para seleccionar candidaturas, cubrir vacantes y administrar el Poder Judicial.
El cambio busca hacer coincidir la elección judicial local con la federal. Las personas que resulten electas asumirían sus cargos el 1 de octubre de 2028, mientras que los actuales juzgadores permanecerían en funciones hasta el 30 de septiembre de ese año.
El dictamen contempla que cada uno de los tres poderes del estado cuente con un comité de evaluación integrado por cinco personas, encargado de revisar los perfiles de quienes aspiren a ocupar cargos judiciales.
Cada comité evaluaría cuatro perfiles por cargo y, mediante un sorteo público, conocido como insaculación, reduciría la lista a dos candidaturas, respetando la paridad de género.
Para presentar candidaturas, el Poder Ejecutivo lo haría a través de su titular; el Legislativo necesitaría el respaldo de dos terceras partes de sus integrantes, mientras que el Judicial requeriría nueve votos del pleno del Tribunal Superior de Justicia.
La reforma también plantea crear un órgano de administración judicial con cinco integrantes: uno designado por el Ejecutivo, uno por el Legislativo y tres por el Poder Judicial. Además, contempla un tribunal de disciplina encargado de evaluar el desempeño judicial y promover la capacitación permanente.
Otro de los cambios busca atender las vacantes que actualmente existen en dos salas del Poder Judicial de Querétaro. El diputado Arturo Maximiliano García Pérez explicó que el dictamen permitiría a integrantes del Consejo de la Judicatura cubrir temporalmente esas ausencias, conforme a un orden establecido y por periodos de hasta 60 días.
La propuesta también extendería hasta septiembre de 2028 el periodo de la actual presidencia del Poder Judicial, con el objetivo de mantener la continuidad administrativa durante la transición.
El diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de las Comisiones Unidas, explicó que el dictamen incorpora ajustes derivados de modificaciones a la reforma judicial federal.
“Se traslada de 2027 al primer domingo de junio de 2028, en coincidencia con la elección judicial federal”, señaló al presentar los principales cambios.
Como parte del procedimiento legislativo, los 18 ayuntamientos de Querétaro fueron notificados del dictamen entre el 5 y el 7 de octubre. Amealco de Bonfil, Colón, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Tequisquiapan y Tolimán respondieron formalmente que no tenían observaciones.
La aprobación en comisiones no significa que los cambios ya estén vigentes. El dictamen deberá continuar su proceso legislativo para que las modificaciones constitucionales puedan entrar en vigor.
Posteriormente, el Congreso estatal tendrá que trabajar en las reformas a las leyes secundarias que permitan aplicar el nuevo modelo de elección, administración y disciplina judicial.



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