Como era de esperarse, un nuevo gobierno con grandes promesas genera altas expectativas y a tres años de su administración lejos de cumplirlas han venido a menos, por lo que sigue causando descontento e incertidumbre en el sector empresarial. Y esto ha sido de manera continua, por ejemplo, al darse a conocer el paquete económico, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Propuestas carentes de beneficios fiscales que incentiven la actividad productiva y que por el contrario, elimina una herramienta utilizada por el sector empresarial, la compensación universal, mecanismo que fondeaba la operación de las “Pymes” y cuyo flujo de efectivo de las empresas se verá afectado, dejando de ser un medio financiero.
También se suma la creación de un padrón de devoluciones, con las cuales pretende identificar a los contribuyentes que por su operación generen de forma regular saldos a favor del impuesto al valor agregado, lo cual puede parecer una nueva lista negra que sataniza a contribuyentes con saldos a favor susceptibles de la mirada inquisidora de la autoridad fiscal. Siendo que actualmente solicitar una devolución resulta un viacrucis administrativo al implicar para el contribuyente exponerse a mecanismos de verificación y verse obligado a cumplir requisitos y proporcionar información no previstos en la ley.
Incluso la amnistía fiscal prometida y la alfombra roja para los contribuyentes, esperada con el paquete económico que brindaría un aliento financiero, fue una promesa no cumplida, y que si bien no se propone la creación de nuevos impuestos y tampoco eleva las tasas, en cambio promete endurecer las políticas de fiscalización, tales como explotar el uso de nuevas tecnologías, haciendo referencia a aquellas heredadas de la administración pasada, como las revisiones electrónicas a través del buzón tributario, en base a la contabilidad electrónica y la información de la facturación electrónica, a través de la cual pretenden incrementar la recaudación de impuestos. Lo anterior para buscar financiamiento interno al perder la confianza de los mercados crediticios externos por obvias razones al cancelar proyectos de la envergadura del NAIM, por poner un ejemplo.
