La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el proyecto de decreto que expide la Ley de Amnistía, y lo remitió al Senado de la República para continuar el trámite legislativo.
En lo particular, fueron aprobados por 285 votos a favor, 144 en contra y 19 abstenciones, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en términos del dictamen, así como la adición de dos transitorios, impulsados por la diputada Martha Tagle Martínez (MC).
Uno de ellos busca que la comisión –que integrará el Ejecutivo federal para coordinar los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la ley- por conducto de la Secretaría de Gobernación, envíe al Congreso de la Unión un informe anual sobre las solicitudes de amnistía recibidas, las resueltas y las pendientes, así como de los supuestos por los cuales éstas se han concedido.
Otro transitorio pretende que en un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de la ley, el Congreso de la Unión lleve a cabo una revisión de los delitos a que hace referencia este ordenamiento, con la finalidad de valorar la vigencia de sus elementos configurativos.
Tagle Martínez indicó que el universo de personas que podrán estar en esta condición de ser amnistiados es un número limitado y, por lo tanto, “necesitamos saber la efectividad de la norma y saber cuántas personas siguen en este tipo de procesos”.
Esta ley, agregó, es especial, porque tiene como objetivo atender los problemas que se han generado por muchas personas que están presas de manera injustificada, pero es un ordenamiento que va hacia atrás, “al tratar de atender esas injusticias”.
Lo que se debe de ver es cómo desde el Legislativo resolvemos el problema del futuro y cómo evitamos que esas personas sigan siendo perseguidas, criminalizadas y llevadas a la cárcel de manera injusta.
“Nos parece importante establecernos como una obligación de la Cámara de Diputados, hacer la revisión para actualizar los delitos que han dado origen a esta Ley de Amnistía. Tenemos la obligación de revisar si esas infracciones realmente están generando el problema para que las personas que están siendo procesadas caigan en la cárcel porque están mal planteados los delitos”, añadió.
El dictamen precisa que la ley no se limita a las materias de seguridad pública o de justicia, porque se trata de un asunto que tiene que ver primordialmente con el pacto social mismo y la manera en que se está procurando reconstruir el tejido social.
