Si al funcionario no le gusta el comentario que dejaste en su cuenta de Facebook, Twitter o Instagram se tendrá que aguantar.
La Segunda Sala de la Suprema Corte ha determinado que en el caso de cuentas oficiales en redes sociales de servidores públicos como es el caso del fiscal de Veracruz, que son utilizadas para difusión de su actuar tienen relevancia pública y es información de interés general.
En el caso del fiscal de Veracruz quién bloqueó a un periodista de su cuenta de Twitter la no estar de acuerdo con sus comentarios.
El periodista interpuso un amparo al considerar que se vulnera a su derecho a la información.
El derecho a la información es un derecho humano consagrado en la Constitución y en Tratados Internacionales.
Al resolver el amparo en revisión 1005/2018, la Segunda Sala ordenó al fiscal general de Veracruz desbloquear la cuenta del periodista en la red social Twitter.
En la resolución se sostuvo que el bloqueo corresponde a un acto de autoridad que implica una restricción indebida al derecho de acceso a la información del periodista.
En el caso del fiscal de Veracruz, fue el propio funcionario quien voluntariamente utilizó su cuenta como medio de difusión para compartir, entre otros, información relacionada con su gestión como fiscal. Al hacerlo, colocó a su cuenta de Twitter en una posición de mayor escrutinio público.
La resolución no determina que el derecho a la privacidad de los servidores públicos deba ser limitado en todos los casos, ya que existe un contenido mínimo de este derecho que debe ser respetado.
No obstante, en el caso particular, el fiscal no expresó razones suficientes para considerar que su cuenta de Twitter pueda ser calificada como privada, ni mucho menos que la información ahí contenida sea de carácter reservado, cuya difusión vulnere su derecho a la privacidad, ni que haya encontrado algún comportamiento abusivo por parte del periodista.
Por tanto, la orden de desbloquear al periodista no es una medida desproporcional que afecte injustificadamente el derecho a la privacidad del servidor público, toda vez que éste posee un umbral de protección menos extenso que el de las personas privadas. Sumado a que el fiscal no acreditó la necesidad de resguardar la información difundida en su cuenta de Twitter de la injerencia de la sociedad.
Por último, los efectos de la sentencia están dirigidos a ordenar al servidor público que permita el acceso del periodista a su cuenta de Twitter.
