Un grupo de ciudadanos de Cadereyta de Montes ha solicitado a la presidenta municipal, Astrid Ortega Vázquez, atender con urgencia el conflicto laboral que mantiene paralizados los servicios públicos desde el 14 de febrero.
En un documento formal, expresaron su preocupación por el impacto negativo en la economía, seguridad y bienestar social.
Destacan la caída de hasta un 50% en las ventas del comercio local, la disminución del turismo en un 80% y la reducción de la presencia policial, lo que ha derivado en intentos de extorsión a comerciantes.
También señalaron la acumulación de basura, el cierre del Rastro Municipal, la falta de acceso a espacios deportivos para niños y jóvenes, así como una fractura del tejido social por discursos divisivos desde el gobierno local.
Los ciudadanos pidieron la creación de una Comisión Especial para resolver la crisis y exhortaron a la alcaldesa a priorizar el bienestar de la comunidad sobre cualquier interés político.
“Es momento de tomar acciones concretas en beneficio de la población”, señala el documento.
