Corregidora es el primer municipio en el estado de Querétaro que presenta un Programa Estratégico anticorrupción, con estrategias específicas para generar mayor control y combatir la corrupción, afirmó el presidente municipal Roberto Sosa Pichardo.
“Con la implementación de este Programa Estratégico Anticorrupción en el municipio de Corregidora, doy cumplimiento a mi palabra empeñada en aquella época electoral”, indicó el alcalde.
Como gran parte de las instituciones oficiales carecen de credibilidad, en este programa hay una decidida participación de entes académicos, asociaciones privadas y sociedad en general en este programa, indicó el alcalde.
Este programa, dijo, considera la construcción de una educación contra la corrupción y la participación ciudadana, sensibilizando a la sociedad respecto a los actos irregulares y sus efectos negativos, sin dejar de lado la sensación ejemplar contra la comisión de hechos al margen de la ley.
Los ejes estratégicos de este programa son: prevención municipal, vinculación institucional, construcción de una educación contra la corrupción, participación ciudadana anticorrupción y política punitiva contra irregularidades.
Al encabezar la presentación de dicho documento, Sosa Pichardo, destacó que, además, este municipio se ha convertido en el primero en todo el país donde el alcalde y todos los funcionarios de primer nivel han presentado su declaración 3 de 3 ante el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Agregó que Corregidora logró en días pasados el primer lugar del galardón Francisco Villarreal que entrega la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), en la categoría de innovación gubernamental por el programa SISCOE, y que desde el arranque de la administración fue presentado el programa de ética.
Desde el inicio de la administración instruyó a la Secretaría de Control Interno y Combate a la Corrupción para que realizara tres tareas: prevención de conductas u omisiones que a la postre fueran constitutivas de responsabilidad administrativa, implementar mecanismos de disuasión de actos de corrupción en que pudiera incurrir el servidor público y la imposición de las sanciones previstas en las leyes que integran el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.
