Vecinas y vecinos de la colonia Puerta Real en el municipio de Corregidora, junto con el diputado de MORENA Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, denunciaron la construcción de una gasolinera que opera pese a que el Ayuntamiento revocó el cambio de uso de suelo en febrero de 2025.
El legislador de MORENA y la regidora Mireya Fernández acompañaron a los habitantes afectados, quienes señalaron que la obra avanza aunque el caso está en litigio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El diputado Piedragil Ortiz afirmó que el Congreso debe ser la voz de la ciudadanía y atender los temas que afectan a la comunidad. “Lamentamos que se tengan que utilizar estos espacios para ser escuchados, pero que además se les resuelva”, declaró.
De acuerdo con los vecinos, en la pasada administración municipal se modificó el uso de suelo de habitacional a comercial sin consultarles.
“Nos engañaron al decirnos que era para una plaza comercial que beneficiaría a la zona, pero después supimos que era para una gasolinera”, explicó Alfonso Fernández, representante condominal de Villa de Duero.
El 14 de febrero de 2025, el cabildo de Corregidora revocó el cambio de uso de suelo tras recabar firmas de la mayoría de los departamentos del fraccionamiento, como relató Fernández. Sin embargo, la empresa constructora demandó al municipio; los vecinos se involucraron en el litigio como terceros interesados.
La regidora Mireya Fernández destacó que el cambio de uso de suelo no cumplía con los requisitos legales ni tenía el visto bueno de los habitantes de Villa de Duero.
“El cambio de uso de suelo que no debió haberse permitido por las dos condicionantes con las que no cumplía y que eran necesarias para que se aprobara; una era que no causara conflictos sociales, medioambientales, de seguridad; y la otra era tener el visto bueno de las y los colonos de Villa del Duero; ninguna de estas condicionantes se cumplió”, sostuvo.
Los vecinos reiteraron su rechazo a la obra y exigieron transparencia a las autoridades municipales. El diputado Piedragil Ortiz hizo un llamado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que los ciudadanos sean informados sobre el estado actual del proceso jurídico y se garantice su derecho a participar y ser escuchados.
