El sufragio femenino significa reconocimiento a la igualdad en la participación política, que cada mujer decida sobre su vida y, además, acepte la posibilidad de elección para estar en cargos de representación pública, derecho que en principio solo era ejercido por hombres, coinciden las profesoras universitarias Patricia Lira Alonso, de la Facultad de Derecho (FD), y Amneris Chaparro Martínez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG).
Las mexicanas acudieron por primera vez a las urnas en 1955, gracias a la organización y participación de grupos feministas en foros demandando derechos ciudadanos como votar y ser votadas. No obstante, ese avance se materializó hasta por lo menos dos décadas después con la primera gobernadora en México, Griselda Álvarez Ponce de León, quien abrió camino para que ellas se incorporaran a la toma de decisiones en el país, sostienen las académicas.
Amneris Chaparro, especialista en teoría política, menciona que el derecho al sufragio de las mujeres es una conquista feminista, incluso es una petición que en términos mundiales se hizo de manera sistemática desde el siglo XVIII.
En ocasión del 66 aniversario del voto de la mujer en México, que se conmemora el 3 de julio, la investigadora del CIEG comenta que a principio del siglo XX se realizó el primer congreso feminista en Yucatán; las organizadoras eran cercanas a regímenes revolucionarios y buscaban que su lucha se concretara en el reconocimiento de la ciudadanía.
La universitaria detalla que antes tuvieron otras conquistas, una de las principales fue su ingreso a la educación, aunque la legislación mexicana no establecía ninguna restricción para que accedieran a la enseñanza media superior o superior, se trataba de una cuestión de costumbres, las cuales se flexibilizaron. Y, en consecuencia, comenzó su ingreso a las universidades, “es ahí donde se crea una masa crítica importante que sería fundamental para la conquista del derecho al voto”.
Se desprenden otros logros como el derecho a la propiedad, el acceso a la educación sin restricciones de ninguna índole, pero el derecho al voto fue para las mexicanas “la cereza del pastel” a mediados del siglo XX, reconoce Amneris Chaparro.
“Para quienes creemos que las democracias son los regímenes que mejor pueden representar los intereses plurales de la ciudadanía, el voto es un ejercicio fundamental y, en el caso de las mujeres, el sufragio también ha significado ser reconocidas como ciudadanas, como personas que tienen voz e importancia en los asuntos políticos del país”, subraya.
Además, puntualiza, recordemos que ese proceso representó también un quiebre; es decir, el hecho de que las mujeres seamos reconocidas como sujetos políticos significa, en términos imaginarios, un rompimiento de los roles tradicionales de las mujeres.
La socióloga universitaria destaca que consta en los debates de los congresos y legislaturas que la mayoría de los varones, quienes intervenían en la discusión de si las mujeres debían o no votar, consideraba que el espacio de la política no era para ellas. También pensaban que pertenecían a la domesticidad porque existía la idea de que tenían otro tipo de racionalidad, que se les iba a corromper y su naturaleza se vería dañada si entraban al mundo de la política.
El hecho de ser reconocidas como ciudadanas es un rompimiento con esos roles. Aunque ello no ha sido suficiente, en los últimos años se nos ha dado una lección importante a través de acciones afirmativas entre ellas las cuotas de género, como método para promover su participación política, lo cual les permite ocupar espacios que antes les eran negados, expresa Chaparro Martínez.
Descarta que las mujeres no tuvieran interés en acceder al poder, simplemente existían restricciones, más que de carácter legal, de naturaleza cultural. “Es decir, ustedes mejor dedíquense a asuntos propios de su género o renuncien a la candidatura y dejen a un varón. Ese tipo de estereotipos hay que irlos rompiendo, porque precisamente esto es lo que ha hecho que el incremento de mujeres en las esferas políticas sea paulatino, aunque se ha avanzado mucho”.
Es necesario comprender, dice, que el hecho de que estén en la política es bueno en sí mismo, no porque ellas vayan a hacer un mejor papel que los hombres, o porque van a atraer cosas enraizadas en la feminidad o una naturaleza de la mujer, sino por la posibilidad de contar con espacios y personas que representan intereses distintos a los tradicionales que invisibilizan a las minorías.
Amneris Chaparro asevera que a casi siete décadas de la consecución del voto para las mexicanas aún hay deudas que saldar en términos de igualdad, seguridad y cultura de la paz porque un aspecto es tener nominalmente el sufragio y ser consideradas ciudadanas, y otro el trato que se nos da como seres humanos, ciudadanas y como parte de un régimen político.
Consideradas ciudadanas
En opinión de Patricia Lira, en el momento que las mujeres alcanzaron la facultad de votar obtuvieron “el derecho a tener derechos”, a que se les considerara ciudadanas, parte importante dentro de un sistema democrático. Recuerda que el 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al Artículo 34 constitucional donde se nos otorgó la ciudadanía, es decir, el derecho a votar y ser votadas.
La jurista universitaria refiere que la lucha femenina por ejercer su derecho al sufragio inició en el mundo hace varios siglos, pero en México las manifestaciones importantes se dieron en 1884 y 1887, cuando por primera vez una publicación feminista, “Violetas del Anáhuac”, fundada y dirigida por Laureana Wright González, demandó el sufragio y la igualdad de oportunidades con los hombres.
Resalta que en la Constitución Política de 1917 no se negaba la ciudadanía a las mujeres ni su oportunidad de votar, pero tampoco establecía la igualdad ni la calidad de ciudadana. Fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando se hizo realidad este derecho y acudieron por primera vez a las urnas.
Sin embargo, hasta 1979 se eligió a la primera gobernadora, Griselda Álvarez Ponce de León, en Colima; le siguieron Beatriz Paredes Rangel, en Tlaxcala (1987); Dulce María Sauri Riancho, en Yucatán (1991); Rosario Robles Berlanga, jefa de gobierno del entonces Distrito Federal (1999); Amalia García Medina, en Zacatecas (2004); Ivonne Ortega Pacheco, en Yucatán (2007); Claudia Pavlovich Arellano, en Sonora (2015); Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y Martha Erika Alonso Hidalgo, en Puebla (2018).
Una historia de nueve gobernadoras en la vida política de México y que hoy, “cuando todavía se están dando los resultados para las candidaturas que fueron votadas recientemente, se sumarán a esta lista seis gobernadoras más, las de Chihuahua, Guerrero, Colima, Tlaxcala, Campeche y Baja California”.
Para concluir, la especialista en derechos humanos puntualiza que aun cuando en México y el mundo las mujeres representan la mitad de la población, “seguimos siendo minoría en gobiernos y parlamentos a nivel global”.
