El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó en la conferencia matutina de este jueves un proyecto de decreto de política penitenciaria, en el que dio a conocer cuatro acciones de liberación en beneficio de personas encarceladas sin sentencia o por circunstancias específicas.
La primera de las medidas establece que todas aquellas personas con más de 10 años privadas de su libertad en centros federales y que no les haya sido otorgada su sentencia, serán liberadas. Esto aplica únicamente para individuos con fuero común y que no hayan cometido delitos graves.
La segunda y tercera decisión tienen que ver con reos de avanzada edad para que tengan oportunidad de ser liberados. Los prisioneros mayores de 75 años que no hayan cometido “delitos de sangre” podrán aplicar para obtener su excarcelación y ser remitidos a arresto domiciliario. Al igual que los internos mayores de 65 años que padezcan alguna enfermedad crónico degenerativa.
El cuarto decreto será para las personas que hayan sido torturadas por parte de algún agente de gobierno. Todo aquel que haya sido objeto de tortura durante el proceso penal en su contra para la obtención de una confesión o con cualquier otro fin, será liberado y automáticamente las pruebas obtenidas posteriormente de su detención serán invalidadas.
Señaló que en todos los casos se va a seguir un procedimiento simplificado y el plazo de liberación no será mayor al próximo 15 de septiembre.
Manifestó también que las medidas corresponden a la sobrepoblación en los centros de readaptación de todo el país. Tras presentar los casos de Israel Vallarta, Brenda Quevedo y María Isabel San Agustín como ejemplos de justicia fallidos, el presidente llamó al Poder Judicial para atender el asunto. Además, propuso una rebaja de sueldo a los magistrados para obtener recursos y contratar más personal para llevar a cabo el proyecto.
“La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia? Esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto a nivel estatal como federal”.
Acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el mandatario dijo que el proyecto será elaborado la semana próxima para su publicación.
De acuerdo con datos oficiales, de los 220 mil 114 reclusos en cárceles estatales y federales, el 43% no cuentan con una sentencia, es decir, 94 mil 547 hombres y mujeres se encuentran privados de su libertad sin sentencia definitiva.
