La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a diversas autoridades federales y estatales considerar la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentran las personas integrantes de la “Caminata Migrante” y de otras dos caravanas que le siguen y que las hace propensas a ser víctimas de delitos en su contra, con el fin de garantizar seguridad y vigilancia en las carreteras o lugares por donde transitan.
También les solicitó que, de manera coordinada y en el ámbito de su competencia, se generen acciones desde una perspectiva humanitaria y de respeto a los derechos humanos de toda persona, que particularmente permitan a mujeres, niñas, niños, adolescentes acompañados y no acompañados, personas con discapacidad y mayores acceder a un traslado humanitario adecuado, con base en dicha situación de vulnerabilidad y el interés superior de la niñez.
La CNDH consideró que, con independencia de las acciones que cada autoridad pueda realizar en lo individual, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación debe coordinar y articular las acciones que lleven a cabo autoridades federales y locales.
En tal sentido, la CNDH dirigió la solicitud de medidas cautelares a 24 distintas autoridades federales y estatales de las áreas de Gobierno, Seguridad y Movilidad de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, habiendo considerado los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño que deben cubrir para su otorgamiento.
Señaló que el requisito riesgo está cumplido, ya que las condiciones en que viajan las personas integrantes de las caravanas al transitar por el territorio nacional por carreteras u otros caminos pueden ser víctimas de delitos; además, las personas de grupos vulnerables están expuestas a presentar afectaciones a su salud e integridad física, ubicándose así en riesgo extraordinario.
La urgencia está cumplida al no generarse las acciones de seguridad adecuadas e inmediatas en carreteras y lugares por donde transitan, por lo que pueden ser víctimas de delitos, sufrir afectaciones en su salud y estar expuestas a las inclemencias meteorológicas, lo que resulta contrario a sus derechos humanos.
