Poder Judicial exige certificado de no deudor alimentario como requisito de ingreso

El Tribunal Superior de Justicia de Querétaro implementó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA) como requisito para ingresar a laborar al Poder Judicial del estado, informó el senador Agustín Dorantes Lámbarri. La medida busca impedir que personas inscritas como deudoras alimentarias accedan a cargos públicos en esa institución.

De acuerdo con el legislador, el objetivo es fortalecer el cumplimiento de las pensiones alimentarias y evitar que quienes mantienen adeudos continúen evadiendo sus obligaciones.

“Dentro de la ley general ya existen algunas obligaciones que no se están cumpliendo, pero presentamos una propuesta para que se amplíen estas obligaciones. ¿Cuáles son principalmente? El tema de los programas sociales no universales, y también el tema de que no haya funcionarios públicos que no paguen, que no tengan el pago de su pensión alimentaria”, señaló.

Agregó que en Querétaro ya se exige el certificado correspondiente para trabajar en el Poder Judicial. “Ojo, Querétaro muchas veces pone el ejemplo, y hoy el Tribunal Superior de Justicia puso el ejemplo: ya para ser trabajador del poder judicial en Querétaro necesitas presentar tu certificado. Queremos que se vaya a todos lados, que se vaya al congreso, que se vaya al poder ejecutivo, que se vayan a los municipios, que se vayan a las empresas”.

El senador informó que promovió en el Senado un exhorto y una propuesta de reforma para ampliar las restricciones a personas inscritas en el RENOA, entre ellas la limitación para acceder a programas sociales no universales.

Sobre la posibilidad de restringir trámites como pasaportes y licencias de conducir, indicó que la disposición ya existe en la legislación general, pero no se ha aplicado de manera efectiva. “Para restringir trámites como pasaportes y licencias de conducir, vale la pena comentarles que esto ya está en la ley general pero que no hemos logrado que realmente se ejecute, que este sea una ley viva sino que simplemente se queda como letra muerta”.

El consejero de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Israel Soto Campos, informó que actualmente hay 183 personas registradas como deudoras alimentarias en el estado, de las cuales cinco han regularizado su situación para salir del padrón.

Durante la presentación, Ivonne Gutiérrez y la abogada Gabriela Yong Morales señalaron la importancia de aplicar el registro y las sanciones previstas en la ley para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos.