Realiza INE mil 381 requerimientos de información a autoridades financieras

En lo que va del presente año el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó mil 381 requerimientos de información en materia de fiscalización a diferentes autoridades del país, dijo la Consejera Adriana Favela.

Al presentar ante el Consejo General del Instituto el Informe del Estado que Guardan las Solicitudes de Información a las Autoridades Fiscales y Financieras señaló que la respuesta a dichos requerimientos presenta rezago, lo que dificulta la actividad de fiscalización de la autoridad electoral. 

En el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, explicó, de un total de mil 88 solicitudes, en el 68 por ciento se ha demorado en contestar en promedio más de 31 días, a pesar de que la ley establece cinco como máximo para emitir respuestas.

“Siendo la más antigua una solicitud que cuenta con 125 días de dilación y esto es bastante grave si recordamos que la ley nos dice que solamente son cinco días para contestar”, explicó la Consejera Favela.

En lo que corresponde al Servicio de Administración Tributaria, agregó, de los 181 requerimientos, 26 de ellos tienen más de 36 días sin ser atendidos, lo que equivale al 14 por ciento y, en este caso, la solicitud con mayor demora es también de 125 días.

“Es de llamar la atención que esa dependencia solicitó al INE que justificara las razones para proporcionarle información respecto de ocho requerimientos practicados por la Unidad Técnica de Fiscalización”, comentó.

Con base en lo anterior hizo un llamado en su calidad de presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE para fortalecer los vínculos interinstitucionales que deben prevalecer para la pronta resolución de los asuntos que están bajo sus respectivas competencias.

Por otra parte, expuso que la Unidad de Inteligencia Financiera sí ha dado atención dentro del plazo legal a los 88 requerimientos formulados por el Instituto Nacional Electoral, en tanto, refirió que la Secretaría de Economía argumentó que no podía atender las solicitudes presentadas por el Instituto debido a que sobrepasaban sus capacidades técnicas y humanas.

La Consejera Claudia Zavala consideró que el INE cuenta con plazos cortos para llevar a cabo la fiscalización que tiene como responsabilidad, por lo que se requiere de la colaboración de las diferentes instituciones del Estado que cuentan con elementos que permiten concretar dicha actividad. 

“Esta autoridad, por esta función fiscalizadora, no le son oponibles ni los secretos fiduciarios, bancarios, de ningún tipo de secretos y justamente porque se vio con una actividad fiscalizadora en sinergia con las demás instituciones del Estado, esta disposición fue recogida legalmente y a partir de ella es como se entabla la comunicación”, resaltó.

La Consejera Carla Humphrey se unió al llamado a las autoridades del país para cumplir con la entrega de la información que se les solicite, relacionada con temas de los procesos electorales, porque con ello se contribuye a la fiscalización y transparencia de dichos procesos. 

“Para que esta autoridad cumpla con su función fiscalizadora de todos los partidos políticos, de todas y todos los candidatos, en todos los procesos electorales en el país y garantizar entonces que se cumplan las normas en la equidad en las contiendas electorales, necesitamos esta información que muchas veces, además, como ya hemos visto, no nos es enviada y en otros casos entorpece o hace que los plazos se alarguen”, indicó.

El Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, consideró que no se puede hablar de elecciones ejemplares si éstas no son competidas y si no hay un piso de equidad, por lo que la fiscalización de la autoridad electoral debe mostrar con datos duros que las campañas fueron equitativas, hubo rendición de cuentas y control del grueso del origen y destino de los recursos involucrados.

“Uno de los recursos más valiosos de los que dispone la Unidad Técnica de Fiscalización es la confirmación con terceros, se trata de la facultad que tiene la Unidad Técnica de Fiscalización de requerir información de personas físicas y morales, públicas o privadas relativa a operaciones realizadas con partidos políticos y candidaturas independientes”, aseguró.