Servicios de salud en México: cobertura a la baja

Los servicios de salud en México son cada vez de menos alcance, te hablamos de la baja cobertura de salud que impera en el país.

El derecho de la salud es un derecho universal, que debe ser garantizado por el Estado, un precepto que la Organización Mundial de la Salud ha promovido para que todas las personas y comunidades tengan acceso a los servicios de salud sin discriminación de ningún tipo y sin sufrir dificultades económicas.

En la realidad, este precepto se rompe, pues si bien puede que esté garantizado el derecho de acceso a los servicios de salud, muchas veces el Estado no es quien absorbe los costos de una emergencia médica y no todos tienen ese acceso a los mismos derechos de salud, lo que ha creado una brecha ante quien tiene el poder adquisitivo para pagar los servicios de salud.

El derecho de salud en México

El desarrollo demográfico exponencial que en el país ha venido suscitándose, el descenso de la mortalidad así como el incremento en la esperanza de vida han dado lugar a un envejecimiento poblacional, lo que supone una participación creciente de los adultos mayores en la población.

Esto se traduce en la salud, pues ahora cada vez más los adultos mayores quienes cuentan servicios de salud, lo que se traduce además en un mayor costo y sostenimiento de los servicios de salud que son absorbidos por la población y por el Estado.

El derecho a la salud en México está inscrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece en su artículo 4 que toda la población mexicana tiene derecho a la protección de salud.

El sistema mexicano de salud comprende dos sectores, el público y el privado. En el sector público las instituciones de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Salud para el Bienestar son los grandes sectores que cubren la mayoría de la población mexicana, así como los servicios para los trabajadores gubernamentales como lo son Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa (SEDENA) o la Secretaría de Marina (SEMAR) son los encargados de llevar a cabo la cobertura nacional a la población.

El sector privado comprende a las compañías aseguradoras y los prestadores de servicios que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales privados, incluyendo a los prestadores de servicios de medicina alternativa. Estos servicios no son cubiertos por el Estado y es el individuo quien decide pagarlos.

La cobertura en los servicios de salud

En los últimos años, y con las reformas que se han suscitado en el sistema de salud del país, han arrojado resultados poco favorecedores y están lejos de lo que se esperaría tener en el territorio nacional.

Un gran problema y desafío en alcanzar la cobertura nacional es que los servicios se salud en el país están fragmentados, pues aquellos que son empleados en el sector formal y su familia pueden acceder a los servicios de instituciones de seguridad social como lo son el IMSS, ISSSTE, ISSSFAM o PEMEX, mientras que el resto utiliza los servicios públicos fuera de ellos, como es la cobertura del INSABI o por medio de instituciones privadas.

Después del surgimiento del Seguro Popular, ahora reformado y renombrado como INSABI, no ha sido un cambio tan beneficioso para todos, pues se han reducido las coberturas de enfermedades donde el paciente no paga o paga muy mínimo.

Además de que los costos subsidiados por el gobierno, si bien han ido incrementándose, el presupuesto destinado para la salud ha ido decreciendo, pues los recursos destinados no tienen la misma importancia como los destinados a otras dependencias.

Por otro lado, la tendencia negativa en la inversión en salud que el sexenio actual ha tenido ha provocado un desabasto en los servicios de salud que incluyen desde la atención, el acceso a estudios y el tratamiento médico.

Esto ha provocado que existan más retrasos, mayor demanda en los servicios de salud y menos cobertura y menor acceso para las personas quienes no tienen los recursos económicos para pagar un tratamiento en una institución privada.

Durante el 2023, el gasto funcional en este ámbito ascendió a 800,347 millones de pesos, un nivel 3.4% menor al ejercido el año previo, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que se incumplió con lo aprobado por el Congreso, que eran 962,369 millones de pesos, lo que solo representa el 3% del PIB nacional.

Actualmente 50 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, lo que equivale al 39% de la población.