Una corte de apelaciones de Estados Unidos rechazó este miércoles un intento del gobierno de Donald Trump para reanudar las deportaciones masivas de migrantes irregulares, amparadas en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma utilizada hasta ahora solo en tiempos de guerra.
El panel de tres jueces votó 2-1 a favor de mantener la prohibición temporal de expulsar migrantes bajo esta legislación, que el gobierno invocó para justificar el envío de dos aviones con venezolanos a una megacárcel de El Salvador el pasado 15 de marzo.
Washington sostiene que los deportados eran miembros del Tren de Aragua, organización criminal a la que declaró “grupo terrorista global”, aunque no presentó pruebas que sustenten la acusación.
“La afirmación del gobierno de que la revisión judicial de la ley de enemigos extranjeros está categóricamente excluida es incorrecta”, escribió la jueza Karen Henderson, designada por el expresidente republicano George H.W. Bush.
La jueza Patricia Millett, nombrada por el demócrata Barack Obama, también respaldó la decisión de bloquear temporalmente las deportaciones, mientras que el magistrado Justin Walker, designado por Trump, votó en contra.
Migrantes deportados sin debido proceso
En la audiencia del lunes, Millett denunció que los migrantes venezolanos fueron expulsados sin previo aviso, sin audiencia ni oportunidad de demostrar que no eran parte del Tren de Aragua. “Si el gobierno puede optar por renunciar al debido proceso para algunos, puede hacerlo para todos”, advirtió.
La jueza comparó el trato a los venezolanos con el de prisioneros de guerra nazis durante la Segunda Guerra Mundial. “Incluso ellos recibieron mejor trato”, afirmó.
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, solo había sido utilizada durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
El 15 de marzo, el juez James Boasberg, de la corte de distrito de Washington, bloqueó temporalmente las deportaciones masivas basadas en esta normativa, al considerar que violaban las garantías legales de los migrantes.
La administración Trump apeló la decisión, argumentando que la ley otorga amplias facultades ejecutivas para expulsar a extranjeros considerados una amenaza. Sin embargo, la corte de apelaciones determinó que la normativa no puede aplicarse sin supervisión judicial.
Los abogados de varios de los venezolanos deportados han declarado que sus clientes no tienen vínculos con el Tren de Aragua, no han cometido delitos y fueron perfilados principalmente por sus tatuajes.
Con información de AFP
