Ante la masiva afluencia de refugiados venezolanos que llega a Ecuador, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) mostró este viernes su apoyo a la reciente decisión del gobierno ecuatoriano de declarar el estado de emergencia para atender la migración venezolana en las provincias de Carchi, en la frontera con Colombia, en Pichincha y El Oro, limítrofe con Perú.
La decisión servirá para incrementar los recursos disponibles para ayudar a esas personas. Gracias a la medida, por ejemplo, las autoridades migratorias ecuatorianas ampliaron su capacidad para registrar a los más de 5000 venezolanos que entran al país diariamente.
La Agencia indicó que el éxodo de venezolanos es uno de los mayores desplazamientos masivos de población de la historia de América latina.
ACNUR estima que, desde inicios del 2018, alrededor de 547.000 venezolanos entraron en Ecuador a través de la frontera con Colombia. Ese número se ha incrementado a unos 30.000 durante la primera semana de agosto.
El portavoz de la Agencia, William Spindler, detalló las dificultades que sufren esas personas durante el viaje.
“Muchos de los venezolanos viajan a pie en condiciones precarias en una odisea que puede durar días e incluso semanas. Muchos se quedan sin recursos para continuar su viaje y, sumidos en la indigencia, se ven obligados a vivir en condiciones precarias en parques públicos recurriendo a la mendicidad y a otros sistemas de supervivencia para hacer frente a sus necesidades cotidianas”, dijo.
Un 20% de las personas que llegan a Ecuador necesitan medidas específicas de protección. Entre ellos se encuentran las mujeres y niños en situación de riesgo, las familias monoparentales o las personas con discapacidades que precisan cuidados urgentes.
Asimismo, las mujeres y niñas representan a un 40% del total de llegados y se enfrentan a graves riesgos de violencia sexual.
En relación con su estancia en Ecuador, solamente un 20% tienen intención de quedarse en el país. Su destino final es Perú o Chile.
ACNUR ha reforzado su presencia en los principales cruces fronterizos del norte del país y tiene previsto hacerlo en el sur; presta asistencia técnica al Gobierno para determinar la condición de refugiado, el registro u otros mecanismos de protección y trabaja para identificar a los venezolanos vulnerables a fin de que reciban protección y asistencia.
