El arresto de Lupiáñez tuvo lugar el 6 de diciembre de 2007 por parte de agentes de la Guardia Civil en la localidad de Berriz, en la provincia de Vizcaya del País Vasco.
Lupiáñez permaneció incomunicado durante cinco días en las oficinas de la Guardia Civil en Madrid, “donde fue sometido a actos de tortura por los agentes, incluso a violencia sexual”, señala el comunicado.
La Audiencia Nacional condenó el pasado mes de abril a Lupiáñez a cincuenta años de cárcel por el secuestro de una familia, robo con intimidación y tenencia de explosivos. El miembro de ETA fue condenado previamente por la Audiencia a once años de cárcel en 2009.
Acabar con el régimen de incomunicación
La decisión del Comité exhorta a España a “asegurar justicia y reparación al autor de la queja” y a finalizar la detención en régimen de incomunicación “ya que crea un contexto más propicio a la tortura”.
La experta del Comité de Derechos Humanos, Tania Abdo Rocholl, señaló que la tortura no puede justificarse bajo cualquier circunstancia, ni siquiera por motivos de seguridad nacional”.
Añadió que la tortura está prohibida por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo Protocolo Facultativo fue ratificado por España en 1985, “porque viola el derecho humano de toda persona a ser tratada con dignidad en cualquier circunstancia”.
El Comité instó al Estado a garantizar “una investigación imparcial, efectiva y completa de los hechos, y el procesamiento y castigo de los responsables”.
También recomendó “una indemnización adecuada” y exhortó a España a “tomar todas las medidas necesarias, incluidas las de carácter legislativo” que sirvan para acabar con la detención en régimen de incomunicación.
España tiene que responder
España dispone de un plazo de 180 días para informar sobre las medidas que va a llevar a cabo para ejecutar el veredicto.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un organismo de expertos independientes compuesto por 18 expertos internacionales en derechos humanos.
La ratificación del Protocolo otorga al Comité el mandato para examinar denuncias de violaciones de derechos humanos.