El diario digital El Faro denunció que la Fiscalía de El Salvador está preparando órdenes de captura contra sus periodistas por publicar entrevistas a pandilleros.
Estos revelaron un supuesto pacto con el presidente Nayib Bukele que le ayudó a llegar al poder, versión que el gobierno negó este domingo.
Las entrevistas, difundidas del jueves al sábado, indican que las pandillas apoyaron a Bukele para ganar en 2015 la alcaldía de San Salvador y en 2019 la presidencia.
A cambio, recibieron dinero y beneficios para líderes pandilleros presos.
Carlos Dada, director de El Faro, informó que la Fiscalía apunta a detener a periodistas como los hermanos Óscar y Carlos Martínez, quienes participaron en las entrevistas.
El comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, rechazó las acusaciones y aseguró en X que en El Salvador se respeta la libertad de prensa y expresión.
Sin embargo, recordó que “el principio de legalidad rige para todos los ciudadanos, incluidos los periodistas”. Seguidores de Bukele han acusado a El Faro de hacer “apología del delito” al entrevistar a pandilleros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), manifestaron estar en alerta y expresaron “profunda alarma” ante la situación.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) dijo que estará vigilante ante cualquier ataque o detención arbitraria a sus colegas.
Las entrevistas se realizaron a dos cabecillas de una facción de la pandilla Barrio 18, en un lugar no revelado.
Este trabajo da seguimiento a una investigación previa de 2020, que expuso un supuesto pacto de Bukele con las pandillas para reducir homicidios.
En su respuesta, Bukele criticó en X a los “medios globalistas”, a los que acusó de perder “su negocio” por la reducción histórica de la violencia en El Salvador gracias a su política de seguridad.
Los pandilleros entrevistados señalaron a Carlos Marroquín, director de un programa social, y a Osiris Luna, viceministro de Justicia y director general de cárceles, como mediadores de los contactos con las pandillas.
Ambos funcionarios fueron sancionados en 2021 por el gobierno de Estados Unidos por supuestas negociaciones encubiertas con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Desde 2022, Bukele impuso un régimen de excepción tras un fin de semana con 86 muertos. Bajo esta medida, han sido detenidos cerca de 86,000 presuntos pandilleros y colaboradores sin orden judicial.
Con información de AFP
