La Cámara de Diputados comenzó el análisis de una iniciativa enviada por la titular del Poder Ejecutivo Federal para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La propuesta plantea una reingeniería estructural que, de aprobarse, impulsará la creación de nuevas secretarías y organismos.
Entre los cambios más relevantes, la propuesta sugiere la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Además, se propone renombrar a la Secretaría de la Función Pública como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo cual busca resaltar la importancia de combatir la corrupción y promover la transparencia en el servicio público.
La iniciativa también apunta a mejorar la protección de derechos, con una perspectiva inclusiva. Entre los términos propuestos, se sustituiría “presidente de los Estados Unidos Mexicanos” por “persona titular del Ejecutivo Federal” y “trabajadores” por “personas trabajadoras”.
La creación de la Secretaría de las Mujeres es otro de los pilares de esta reforma, con el objetivo de responder de manera efectiva a las desigualdades y violencias estructurales que afectan a las mujeres en México.
Por su parte, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendría la misión de acercar herramientas tecnológicas a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos, colocando la tecnología al servicio de la sociedad mexicana.
Además, el proyecto de ley plantea una reestructuración en varias secretarías actuales. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ejemplo, tendría nuevas atribuciones para coordinar la política nacional de residuos sólidos y economía circular, así como la regulación de actividades forestales productivas.
En el ámbito de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se propone una actualización jurídica enfocada en la soberanía alimentaria y la producción de semillas.
La Secretaría de Salud también vería consolidada su autoridad para coordinar la política nacional de salud pública, priorizando la prevención y atención de calidad.
En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la reforma busca modernizar los registros de propiedad y catastros, además de incluir estrategias para el desarrollo comunitario y la identificación de zonas de alto riesgo por fenómenos naturales.
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