Comisiones de Diputados aprueban dictamen de reforma electoral
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de reforma constitucional en materia electoral enviado por la presidenta de la República. La propuesta obtuvo 45 votos a favor y 39 en contra, sin abstenciones, y fue turnada a la Mesa Directiva para su programación en el Pleno.
En la Comisión de Puntos Constitucionales se registraron 25 votos a favor y 21 en contra, mientras que en la Comisión de Reforma Política-Electoral el resultado fue de 20 votos a favor y 18 en contra. El presidente de la primera comisión, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), informó que las reservas al dictamen se presentarán durante la discusión en el Pleno.
El proyecto establece nuevas reglas sobre el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales. Entre ellas, prohíbe recibir recursos provenientes de gobiernos, organismos o personas extranjeras, así como de personas que residan fuera del país. También prohíbe el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas.
La iniciativa plantea que las aportaciones privadas solo puedan realizarse por personas físicas mexicanas y a través del sistema financiero nacional, sin uso de efectivo. Las instituciones financieras deberán reportar estas operaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) para fines de fiscalización.
En cuanto al financiamiento público, el dictamen propone calcular el monto anual multiplicando el número de personas inscritas en el padrón electoral por el 48.65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La reforma también modifica el esquema de asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional. Cien se asignarían a candidaturas que no ganaron su distrito pero obtuvieron los mayores porcentajes de votación, y otras cien se elegirían por votación directa en cinco circunscripciones regionales, incluyendo diputaciones para mexicanos residentes en el extranjero.
Respecto al Senado, se mantiene la integración de 96 senadoras y senadores: dos electos por mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría en cada entidad federativa y en la Ciudad de México.
El dictamen incorpora disposiciones sobre mecanismos de democracia directa, como consultas populares, referéndums y plebiscitos. Para que los resultados sean vinculantes en el ámbito municipal, la participación deberá alcanzar al menos el 40% de la lista nominal correspondiente.
También establece que el INE promoverá la participación ciudadana en consultas populares mediante medios físicos y electrónicos. Además, se prohíbe contratar propaganda en radio, televisión u otras plataformas para promover posturas en estos ejercicios.
En materia de comunicación política, se prevé que durante las precampañas y hasta la jornada electoral el INE disponga de 35 minutos diarios en radio y televisión para distribuir entre los partidos políticos.
El dictamen incluye disposiciones sobre contenido electoral modificado mediante inteligencia artificial u otras tecnologías, que deberá ser identificado por quien lo difunda. Concesionarios de radio y televisión y plataformas digitales deberán advertir sobre contenidos no etiquetados.
Durante la discusión en comisiones, legisladores de distintos partidos manifestaron posiciones encontradas. Diputados de Morena defendieron la propuesta al señalar que busca modificar la representación política, reducir el financiamiento público a partidos y fortalecer los mecanismos de fiscalización.
Por su parte, legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que la iniciativa no aborda problemas como la intervención del crimen organizado en procesos electorales y cuestionaron que la reforma no se haya construido mediante acuerdos entre todas las fuerzas políticas.
En los artículos transitorios se establece que el Congreso de la Unión y los congresos estatales deberán aprobar las adecuaciones legales necesarias antes del 15 de mayo de 2026.




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