La corrupción y la falta de supervisión en el sector hídrico están agravando la escasez y contaminación del agua en México, revela el estudio “Corrupción en el sector agua ¿quién es responsable de la crisis?”, elaborado por la consultora Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas.
El problema no es solo de grandes obras o megaproyectos, sino que permea hasta el último rincón de los municipios, afectando directamente a millones de personas y su derecho al acceso al agua potable.
Concesiones sin control y datos incompletos
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otros organismos han entregado concesiones de agua sin contar con la información necesaria sobre la disponibilidad real del recurso.
Según la Auditoría Superior de la Federación, al menos el 13% de los títulos otorgados en grandes cuencas carecía de estudios completos. Además, el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) está incompleto, y esto provoca que nuevas concesiones se aprueben “a ciegas” o con información parcial, generando riesgos para comunidades y ecosistemas.
A esto se suma la existencia de un mercado negro de agua, donde la transmisión de derechos se realiza sin registro y los trámites largos abren la puerta a “coyotes” y funcionarios que facilitan concesiones a cambio de favores o dinero.
Muchos títulos acaban en manos de quienes no los destinan para el fin autorizado, como empresas inmobiliarias o industrias, de acuerdo con el reporte de la consultora Ethos.
Nepotismo, condonaciones y fraudes municipales
El licenciado Cuauhtémoc Osorno Córdova, miembro de la Red Mexicana de Cuencas, reveló en el programa AguaCERO de la UAM que el nepotismo, la condonación discrecional de pagos y los fraudes en la compra de materiales para plantas de tratamiento son solo tres de los rostros de la corrupción con el agua en México.
Según Osorno, el mayor foco de preocupación está en el ámbito municipal, donde existen más de 2,300 organismos operadores del agua: “Se coloca a familiares en puestos importantes de la gestión del agua, aunque no tengan el conocimiento técnico necesario”. Esto provoca que no se hagan diagnósticos adecuados y que la toma de decisiones se base en criterios personales y no técnicos.
Sobre las condonaciones, Osorno advierte: “No existen los protocolos en su otorgamiento, lo que provoca que se realicen de manera discrecional, ejemplo de ello son colonias que apoyaron a un alcalde o grandes empresas que no están pagando lo que corresponde”.
También se han documentado sobrecostos en obras públicas de hasta el 25%, sin seguir los procesos que marca la ley, lo que representa hasta dos mil millones de pesos más en el gasto.
Supervisión débil y sobornos a inspectores
La incapacidad institucional se refleja en que la Conagua solo realizó inspección en el 0.5% de los más de 531,000 títulos registrados.
Osorno destaca que los inspectores son fácilmente sobornados para evitar registros y multas, mientras que en la Ciudad de México el caso de los “cárteles inmobiliarios” muestra cómo se pagan sobornos para obtener permisos de factibilidad hídrica y construir nuevas edificaciones.
Aguas residuales: contaminación sin castigo
El control de las descargas de aguas residuales es otro punto crítico. Tres de cada cinco cuerpos de agua superficiales y uno de cada dos acuíferos están contaminados.
Las empresas presentan informes que rara vez son verificados, y las multas, cuando existen, son bajas en comparación con las ganancias de quienes contaminan. El resultado es que sustancias tóxicas llegan a ríos y presas, afectando la salud de comunidades enteras.
Según el reporte, el bajo presupuesto y la falta de personal agravan el problema. Por ejemplo, en 2016 solo había 45 inspectores para supervisar más de medio millón de permisos. Así, los actos ilegales rara vez son sancionados.
Obras hídricas: licitaciones bajo sospecha
Los fraudes en la compra de materiales y los sobrecostos en las licitaciones de obras hidráulicas tampoco son una excepción.
El estudio revela que estos sobrecostos pueden representar hasta el 25% de lo planeado originalmente, principalmente por la ausencia de controles, protocolos y transparencia en los procesos de contratación.
Participación ciudadana: la pieza clave
Para romper el ciclo de corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son esenciales.
El doctor Hugo Hernández Gamboa, de la Universidad Autónoma de Chapingo, considera que la sociedad civil organizada es indispensable para promover la rendición de cuentas y combatir estos problemas.
Sin estos elementos, la impunidad y el abuso seguirán afectando el acceso al agua de calidad.
Consulta el reporte Corrupción en el sector agua ¿quién es responsable de la crisis?
