Diputados aprueban “Plan B “; envían reforma electoral a estados

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen del llamado “Plan B” de la reforma electoral, con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención, y lo turnó a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su validación constitucional.

La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para ajustar la integración de ayuntamientos y congresos locales, así como establecer límites a las remuneraciones de funcionarios electorales.

El dictamen plantea reducir el gasto público en órganos legislativos locales y autoridades electorales, con el objetivo de establecer topes presupuestarios y reorientar recursos hacia fines de interés social.

En el artículo 115 se establece que los ayuntamientos estarán integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo criterios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Respecto al artículo 116, se fija que el presupuesto anual de los congresos locales no podrá exceder el 0.70% del total del gasto estatal, además de garantizar la paridad en su integración.

En el artículo 134 se determina que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, tanto federales como locales, no podrán superar el límite establecido en la Constitución para el servicio público. También se prohíbe la contratación de seguros privados o prestaciones adicionales no contempladas en la ley.

Discusión y votación

Durante la discusión en lo particular, legisladores de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM presentaron reservas, que en su mayoría fueron retiradas o desechadas.

La iniciativa aprobada es una versión modificada de la propuesta original presentada en marzo, que no alcanzó la mayoría calificada en ese momento. En esta ocasión, el dictamen obtuvo el respaldo necesario con el apoyo de partidos aliados.

El Senado ya había avalado el proyecto el 26 de marzo, por lo que ahora deberá ser aprobado por al menos 17 de los 32 congresos estatales para que pueda entrar en vigor.