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FGR toma control del rancho Izaguirre

La Fiscalía General de la República (FGR) tomó este martes el control de un rancho Izaguirre en Jalisco, presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de adiestramiento y sitio de ejecuciones.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó durante la conferencia presidencial que el caso ahora es de competencia federal, luego de la captura de un operador del CJNG que reveló información clave sobre las actividades criminales en el lugar.

“Es un asunto de carácter federal. El sitio está bajo resguardo de las autoridades federales y están ingresando los peritos para determinar la realidad de lo que ahí hay”, señaló Gertz.

El rancho Izaguirre había sido intervenido por primera vez en septiembre pasado, tras un enfrentamiento entre policías y presuntos sicarios, que dejó diez detenidos y el rescate de dos víctimas de secuestro con vida, mientras que una tercera falleció.

Indicios de asesinatos y reclutamiento forzado

Colectivos de búsqueda de desaparecidos, como Guerreros Buscadores de Jalisco, denunciaron el 5 de marzo la localización de restos óseos calcinados y prendas de vestir en el rancho, al que describieron como un “campo de adiestramiento y exterminio”.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que el lugar era utilizado para entrenar a nuevos miembros del CJNG. Sin embargo, reconoció que también se cometieron asesinatos de personas que se negaron a ser reclutadas, aunque aún no se ha determinado el número de víctimas.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las víctimas habrían sido engañadas con falsas ofertas de trabajo y llevadas al rancho, donde eran obligadas a recibir entrenamiento paramilitar para sumarse a las filas del cártel.

Investigación federal por irregularidades estatales

La FGR asumió la investigación, que inicialmente estaba en manos de la fiscalía estatal. Gertz Manero reveló que solicitaron todos los documentos e informes periciales a las autoridades locales, que han sido señaladas por presuntas omisiones.

El fiscal denunció que la fiscalía de Jalisco no realizó una inspección exhaustiva del rancho y dejó el sitio sin resguardo, lo que pudo haber dificultado la preservación de evidencias.

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