En su última conferencia de prensa, “mañanera”, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó dos reformas constitucionales relacionadas con la Guardia Nacional y los Pueblos Indígenas.
Ambas reformas fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y 26 congresos estatales.
La reforma sobre la Guardia Nacional establece que este cuerpo de seguridad quedará adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta fuerza de seguridad pública tendrá un carácter permanente, profesional y estará conformada por personal militar con formación policial, enfocada en ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El Congreso de la Unión ahora tiene la facultad para regular la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad interior y apoyo a la seguridad pública.
La reforma busca establecer requisitos y límites para estas intervenciones, con el objetivo de mejorar la coordinación en materia de seguridad.
En los artículos transitorios de la reforma, se da un plazo de 180 días para que el Congreso armonice el marco legal en torno a la Guardia Nacional.
Durante este periodo, el funcionamiento de la institución seguirá regido por las disposiciones vigentes. Además, el Senado o la Comisión Permanente serán responsables de ratificar los nombramientos de los altos mandos de la Guardia Nacional.
La segunda reforma firmada por López Obrador está dirigida a los Pueblos Indígenas y afromexicanos.
Reconoce oficialmente a estas comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se busca reforzar su identidad cultural, derechos y formas de gobierno, garantizando su participación en la toma de decisiones conforme a sus sistemas normativos.
Además, la reforma otorga a los pueblos indígenas el derecho de preservar y fomentar su cultura, lenguas y métodos tradicionales de enseñanza. También impulsa el desarrollo de la medicina tradicional, prácticas de salud, y respeto a la bioculturalidad y lugares sagrados.
Otro punto de la reforma es la garantía del derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas y cooperar de buena fe cuando se adopten medidas que puedan afectar su vida o entorno. Para ello, se les proporcionará asistencia jurídica adecuada en caso de necesitarlo.
Finalmente, la reforma establece que las autoridades deberán asignar partidas presupuestales específicas para los pueblos y comunidades indígenas, que se administrarán conforme a las leyes aplicables. También se reconoce su derecho a impugnar decisiones por vías legales cuando sea necesario.
