Gobiernos nacionales deben evitar que armas lleguen al mercado ilícito: CIDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una opinión consultiva en la que establece obligaciones para los Estados y las empresas frente al tráfico ilícito de armas de fuego y su impacto en los derechos humanos, un pronunciamiento que respalda la postura presentada por México ante el organismo.
El tribunal regional señaló que los Estados deben actuar con “debida diligencia” en la regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas de fuego, incluidas las operaciones realizadas por empresas privadas.
La Corte también indicó que los gobiernos deben fortalecer el control sobre arsenales y armas decomisadas para evitar su desvío hacia el mercado ilegal.
Entre las medidas recomendadas se encuentra la implementación de sistemas efectivos de marcaje, registro y rastreo de armas, con el objetivo de identificar su origen y posibles desvíos al tráfico ilícito.
El organismo también señaló que los Estados deben garantizar recursos judiciales efectivos para las víctimas de violencia armada, así como mecanismos de cooperación internacional para enfrentar el tráfico de armas.
Responsabilidad de empresas
En su resolución, la Corte sostuvo que las decisiones comerciales de fabricantes y distribuidores de armas pueden influir en el aumento de la violencia armada.
De acuerdo con el pronunciamiento, las prácticas negligentes en la fabricación, distribución y venta de armas pueden tener consecuencias directas en los derechos humanos, especialmente en el derecho a la vida y a la integridad personal.
La Corte utilizó como base jurídica instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
La opinión consultiva fue solicitada por el gobierno de México en 2022, con el objetivo de que el tribunal analizara las responsabilidades de los Estados y de las empresas privadas en el tráfico ilícito de armas.
El gobierno mexicano argumentó que la comercialización negligente de armas por parte de fabricantes y distribuidores contribuye a la violencia armada en la región.
El pronunciamiento de la Corte, aunque no es vinculante, coincide con los argumentos presentados por México en litigios estratégicos contra fabricantes y tiendas de armas en Estados Unidos por presuntas prácticas negligentes en la comercialización de armamento.
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