La Fiscalía General de la República cometió “graves omisiones” en la investigación sobre el papel del Ejército en el asesinato de una niña de cuatro años en 2022, según un informe publicado este miércoles por la oenegé Human Rights Watch (HRW).
La Fiscalía, sostiene la organización, “no investigó adecuadamente la acusación de que soldados dispararon y mataron” a Heidi Pérez la noche del 31 de agosto de 2022 en Nuevo Laredo (noreste), ciudad fronteriza con Estados Unidos golpeada por la violencia del narcotráfico.
El ente investigador “nunca adoptó medidas básicas para corroborar la versión de los militares (…), a pesar de las irregularidades en las pruebas presentadas por los soldados y las inconsistencias” entre la cronología que expusieron y videos de la noche del tiroteo, señaló HRW en un comunicado.
Tampoco dio seguimiento al resultado de una prueba que mostró una posible relación entre la bala que mató a Heidi y una de las armas que portaba un soldado esa noche, añadió.
Para Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, aceptar “como un hecho” la versión de la Secretaría de la Defensa (Sedena), que excusa a los soldados de toda responsabilidad, “sería una fórmula perfecta para la impunidad”, según el comunicado.
De acuerdo con la familia de la niña, Heidi murió cuando el auto en el que viajaban por el centro de Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas) fue atacado a tiros por soldados.
La Sedena sostiene que fue asesinada por miembros no identificados de un grupo criminal que supuestamente abrieron fuego contra los militares que estaban cerca.
La investigación de HRW, que incluye documentos, visitas al lugar del tiroteo y consultas con peritos forenses y en balística, avala la versión de los familiares.
La oenegé denuncia, además, que el ejército “hostigó” a la familia después de que esta rechazó el ofrecimiento de un funcionario de la Sedena de apoyarla si accedía a “dejar de hablar públicamente” del caso, según el testimonio de Cristina Pérez, madre de la niña.
Los crímenes cometidos supuestamente por agentes del Estado en el marco del combate militarizado a los cárteles son un problema latente en México, según expertos y activistas.
Más de 450.000 personas han sido asesinadas y unas 100.000 se reportan como desaparecidas desde el inicio de esta ofensiva a finales de 2006.
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