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Nacional

Juez federal en Querétaro es exhibido por liberar delincuentes

Un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro fue exhibido este martes por el gobierno federal como uno de los jueces que favorecen a la delincuencia organizada.

El juez está vinculado a un cateo realizado en tres inmuebles ubicados en el estado de Querétaro, donde, tras una denuncia anónima, elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a ocho personas en julio pasado, quienes días después fueron liberadas por órdenes del juez federal adscrito a Querétaro.

Al dar a conocer el informe “Cero impunidad” durante la conferencia de prensa mañanera ofrecida desde Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, detalló la actuación del juez adscrito a Querétaro.

“En los inmuebles fueron detenidos ocho personas, tres mujeres y cinco hombres, entre ellos Armando Daniel “N” presunto narcotraficante que opera en el Estado de México y Querétaro, dedicado a la elaboración de metanfetamina. Se les aseguran químicos, armas de fuego, cartuchos, entre otros. Sin embargo, en la audiencia inicial de dos días después el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata liberación de las personas”, denunció el funcionario.

Bucio añadió que los argumentos que dio Osorio Rosado para liberar a los detenidos fueron:

+ Declaró nulo el cateo al negar que la diligencia fue ilícita y violatoria de derechos, por lo que ordenó devolver inmediatamente lo asegurado.

+ Que la Guardia Nacional no se encuentra facultada para realizar labores de investigación ya que esto corresponde a la Policía de Investigación.

+ Que la denuncia anónima no tiene valor probatorio.

Bucio agregó que el mismo juez ya tiene antecedentes de actuaciones similares, pues entre 2022 y 2023 ha dictado 52 resoluciones adversas a las pretensiones ministeriales, 61 de ellas tienen que ver con los delitos contra la salud y con armas de fuego.

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