La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación sobre el hallazgo de restos óseos calcinados en un presunto campo de adiestramiento del narcotráfico en Teuchitlán, Jalisco, luego de señalar irregularidades en las pesquisas estatales.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró que “la verdad va a salir” y aseguró que no habrá impunidad.
En conferencia de prensa, Gertz Manero reveló que la FGR detectó múltiples omisiones en la investigación realizada por la Fiscalía de Jalisco tras el operativo de septiembre pasado, cuando militares se enfrentaron a presuntos criminales, con saldo de 10 detenidos y tres rehenes rescatados, uno de los cuales falleció.
El fiscal acusó a las autoridades locales de no realizar una inspección minuciosa del rancho, que posteriormente fue abandonado.
Además, no se tomaron huellas, no se clasificaron los objetos personales hallados ni se interrogó a testigos.
El pasado 5 de marzo, familiares de personas desaparecidas ingresaron al lugar y localizaron cientos de prendas, calzado y otros objetos, además de restos humanos calcinados, evidenciando la omisión de las autoridades estatales.
Gertz anunció que la FGR investigará si las irregularidades en la pesquisa fueron consecuencia de negligencia o si existió complicidad entre autoridades locales y el crimen organizado. En ese sentido, confirmó la detención de un jefe policial del municipio vecino de Tala, presuntamente vinculado con el narcotráfico.
Colectivos de búsqueda de desaparecidos denunciaron que el sitio habría operado como un campo de reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido por sus prácticas violentas.
De acuerdo con testimonios anónimos citados por la fiscalía, las personas capturadas eran obligadas a despojarse de su ropa para ser uniformadas por los criminales.
La FGR también investiga la autenticidad de identificaciones halladas en el rancho, las cuales corresponderían a personas detenidas en otras partes del país.
El fiscal general confirmó que en el lugar se encontraron “pequeños fragmentos” óseos, pero aclaró que aún falta un dictamen forense para determinar a cuántas víctimas corresponden.
Añadió que la FGR utilizará tecnología especializada para verificar si en el sitio hubo cremaciones, una práctica que las familias de desaparecidos han denunciado desde hace años en distintas zonas controladas por el narco.
Por su parte, la Fiscalía de Jalisco había descartado la existencia de un crematorio en el rancho.
Organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron las fallas en la investigación local. Human Rights Watch calificó la actuación de la fiscalía estatal como “negligente e indignante”, mientras que la ONU expresó su preocupación por la falta de detección de “pruebas cruciales” durante el operativo de septiembre.
Jalisco es la entidad con el mayor número de desaparecidos, con casi 15,000 casos desde 2006, año en que inició la estrategia militar contra el narcotráfico. Desde entonces, la violencia en el país se ha triplicado, alcanzando una tasa de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Con información de AFP
