Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Irais Virginia Reyes de la Torre y Patricia Mercado Castro, impulsan de reformas legales para reducir la brecha salarial de género, garantizar la exigibilidad de derechos laborales y promover políticas públicas que eliminen las condiciones discriminatorias en las remuneraciones.
La propuesta busca modificar diversas leyes, entre ellas, las Federales del Trabajo y para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como las Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y del Seguro Social.
Puntos clave de la iniciativa
- Sustitución del término “trabajador” por “persona trabajadora para fomentar un lenguaje incluyente.
- Prohibición de discriminación salarial por motivos como color de piel, sexo, cultura, estado económico, embarazo, identidad de género, orientación sexual, entre otros.
- Definición de brecha salarial de género, entendiéndola como la disparidad salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor en un mismo centro laboral.
- Prohibición de prácticas discriminatorias, como solicitar historial salarial o pagar menos a las mujeres por el mismo trabajo.
- Inclusión del principio de igualdad sustantiva, permitiendo la demanda de reparación del daño por discriminación salarial.
Obligaciones para empresas y gobierno
- Las cámaras empresariales deberán incorporar oportunidades de empoderamiento, negocios e igualdad salarial en sus agendas.
- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá la facultad de reportar posibles violaciones al principio de igualdad salarial por discriminación de género.
- Los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizados certificados en materia de igualdad laboral y no discriminación en sus plataformas digitales.
En la exposición de motivos de la propuesta se señala que las estructuras culturales, sociales y políticas perpetúan la desigualdad de género en el ámbito laboral.
Aunque las mujeres han incrementado su participación en la economía, persisten las brechas salariales, la desprotección y la precarización laboral.
La iniciativa subraya la urgencia de corregir estas desigualdades, ya que las mujeres continúan recibiendo menos ingresos por trabajos de igual valor en comparación con los hombres, lo que refleja un obstáculo estructural para la equidad económica en el país.
