La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión del primer paquete de reformas al llamado “Plan B” en materia electoral.
Así, el decreto que buscaba reformar diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas no podrá aplicarse en el Estado de México y Coahuila.
A través de un comunicado, el máximo tribunal del país informó que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, así como por diversos legisladores federales, en contra del decreto que modifica las leyes mencionadas.
La Corte indicó que la suspensión se aplicó para que el decreto no tenga efecto en los procesos electores que se llevan a cabo en Coahuila y el Estado de México, donde elegirán nuevo gobernador el próximo domingo 4 de junio.
Explicó que el decreto se promulgó en el plazo de veda electoral y contiene modificaciones legales fundamentales. Advirtió que, de no concederse la suspensión, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados.
