La (in)comunicación de los órganos de seguridad

La falta de comunicación en asuntos de importancia, como la vida y patrimonio de las personas, es un caldo de cultivo para los rumores.

Cuando las instituciones relacionadas con la seguridad y la justicia no atienden con herramientas adecuadas los hechos delictivos que afectan a la población, se generan vacíos narrativos que pueden llenarse con facilidad por actores políticos o rumores para darle sentido a los que ocurre.

La deficiente praxis comunicativa de cuerpos policiacos, fiscalías, juzgados y tribunales, Guardia Nacional, Marina y SEDENA, ocurre en varios niveles.

Un plano es simplemente la falta de información. Ocurren hechos y no hay un dato para la prensa o los ciudadanos que explique la presencia de los cuerpos de seguridad.

En ocasiones se ofrecen algunos datos, pero después de horas. Mientras corre el tiempo crece la zozobra de quienes atestiguaron la presencia de patrullas, elementos armados y zonas acordonadas.

Otra capa es la barrera del lenguaje. Se emplean términos de su jerga técnica que no siempre son compartidos por la población. Y en lugar de hacer un ejercicio de didáctica de la función pública, dejan correr las palabras sin importar si los receptores comparten los códigos usados.

Un tercer plano de incomunicación es el uso de herramientas erróneas o insuficientes para hacer llegar los mensajes a la población.

Los esfuerzos de comunicación deberían ir en proporción directa a la importancia de los sucesos para la población. A mayor importancia, mayores esfuerzos institucionales para informar a la población.

Sin embargo, son frecuentes los ejemplos donde temas de gran relevancia son confinados a un escueto comunicado de prensa escondido en un sitio web institucional de diseño poco accesible. O bien, un texto telegráfico en una publicación de una red social, sin mayor contexto.

Es frecuente que los casos de mayor relevancia, por tocar la vida de una gran cantidad de personas, no son abordados con herramientas como las ruedas de prensa.

Con el pretexto de no dar información que comprometa las carpetas de investigación, terminan por no dar información del todo.

El fenómeno delictivo está ahí y es un enorme reto para el Estado Mexicano. Pero, en alguna medida, la percepción de inseguridad empeora por las prácticas comunicativas de las instituciones.

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